Mediante la Sentencia SC3841 de 2020, la Corte Suprema de Justicia precisó que ser beneficiario de un título valor no implica la propiedad sobre los recursos que este representa.
Mediante la Circular 010 de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio dispuso la restricción en el uso de huelleros físicos o electrónicos de uso masivo para recolectar información biométrica, con el objetivo de prevenir el contagio del COVID-19 a través del contacto directo.
A su vez, determinó que la vigencia de esta medida deberá ajustarse al término previsto en la Resolución 1462 de 2020, por la cual el Ministerio de Salud y Protección Social extiende la emergencia sanitaria hasta el treinta (30) de noviembre del año en curso.
La Supersociedades resolvió varias inquietudes en torno al uso y el tratamiento contable de los criptoactivos. Al respecto, recalcó que los criptoactivos no pueden ser objeto de aporte para la constitución del capital de una sociedad colombiana por cuanto su uso legal no está permitido en el país.
Atendiendo el llamado del sector empresarial ante las dificultades técnicas generadas por la plataforma de pagos, la Superintendencia de Sociedades amplió hasta el 1 de octubre de 2020 el período de gracia para el pago sin intereses de la contribución correspondiente al año 2020 de las sociedades sometidas a su vigilancia y control.
Recordemos que, mediante la Resolución 100-005204 de agosto 18 de 2020, la Supersociedades definió el monto de la contribución obligatoria por el año 2020, señalando que las sociedades en condiciones normales de operación deberán contribuir con $0,1267 (casi trece centavos) por cada $1.000 de activos totales que tuvieran a diciembre de 2019.
En el caso de las sociedades vigiladas y/o controladas que se encuentren en procesos de reorganización, reestructuración, concordato o liquidación, la contribución será de un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, es decir, $877.803.
El Decreto 1235 de 2010 modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con las reglas para la emisión en el mercado de valores. En ese sentido, se amplía el plazo para el desarrollo de los programas de emisión y colocación de valores, y se aumenta el monto máximo de recursos en las plataformas de financiación colaborativa.
Además, el citado Decreto 1235 de 2010 reglamenta el artículo 2 del Decreto Legislativo 817 de 2020, que autoriza a las sociedades por acciones simplificadas a emitir títulos representativos de deuda en el segundo mercado, para lo cual determina las condiciones estatutarias y de gobierno corporativo destinadas para que la sociedad por acciones simplificada acceda al mercado de valores a través del segundo mercado.
Por medio del cual se adiciona y modifica el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio, Decreto 1077 de 2015, en lo relacionado con la planeación del ordenamiento territorial.
A través del Concepto 680 de 2020, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública –CTCP– realiza una serie de precisiones referentes a la condonación de intereses por mora, sanciones o penalidades por el no pago o pago atrasado de cuotas de administración en una propiedad horizontal durante la emergencia decretada a causa del COVID-19, según lo previsto en el Decreto Legislativo 579 de 2020.
A través de la Resolución 100-005405 de 2020, la Superintendencia de Sociedades adopta los manuales de usuario para gestionar procesos y trámites de insolvencia por medio de mecanismos digitales y del uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación –TIC–.
La Supersociedades expidió la Resolución 100-005204 de agosto 18 de 2020 para definir el monto de la contribución obligatoria que por el año 2020 deberán efectuar las sociedades sometidas a su vigilancia o control, ya sea que estén en condiciones normales de operación o en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
Para el año 2020, las sociedades en condiciones normales de operación deberán contribuir con $0,1267 (casi trece centavos) por cada $1.000 (mil pesos) de activos totales que tuvieran a diciembre de 2019.
En el caso de las sociedades vigiladas y/o controladas que se encuentren en procesos de reorganización, reestructuración, concordato o liquidación, la contribución será de un salario mínimo mensual legal vigente –smmlv–, es decir, $877.803.
El Decreto 797 de 2020 permite, de manera transitoria, la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento de local comercial por parte de los arrendatarios que se encuentran en la imposibilidad de ejercer las actividades económicas listadas en el artículo 2 del mismo decreto.
Así, dichos arrendatarios podrán terminar unilateralmente su contrato de arrendamiento de local comercial hasta el 31 de agosto de 2020, pagando únicamente el valor correspondiente a un tercio de la penalidad, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes.