La Superintendencia de Sociedades recuerda que recientemente el gobierno sancionó la Ley 1901 de 2018, que permite la creación de las sociedades BIC. A su vez resalta que las mismas consisten en una amalgama de ventajas económicas de la actividad mercantil, con la posibilidad de contribuir al medio ambiente, el bienestar de los trabajadores, y mejorar ciertas circunstancias relacionadas con el interés común.
En concordancia con lo anterior, la entidad en mención emite la Resolución 200-004394 de 2018, por medio de la cual reglamenta la presentación de los informes de gestión para las BIC, impulsando así a las empresas para que se transformen en este tipo de compañías.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, dio a conocer la Resolución 77730 de 2018, por medio de la cual imparte modificaciones y adiciones realizadas a la Circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio.
En primera instancia, se estipula que las notificaciones y comunicados en materia de propiedad industrial se harán vía correo electrónico, por lo que los interesados deberán suministrar y actualizar tanto su dirección electrónica, como la de su apoderado o representante legal.
Además, se consagran los requisitos para llevar a cabo el cambio de titular o solicitante en el registro de propiedad industrial, y amplían el término para que los solicitantes respondan los requerimientos de la delegatura para la propiedad industrial cuando hayan solicitado dividir su petición, entre otras disposiciones.

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-158049 del 12 de octubre de 2018, infiere que, ante la ocurrencia de infracciones cambiarias, es la Supersociedades quien debe aplicar el régimen sancionatorio, en los términos del artículo 82 de la ley 222 de 1995, donde se especifica que la misma ejercerá las funciones “relativas al cumplimiento del régimen cambiario en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y endeudamiento externo”, conforme al procedimiento establecido en el Decreto 1746 de 1991.
Según lo establecido en dicho decreto, las sanciones pueden ascender al 200 % del monto de la infracción cambiaria comprobada.

MinCIT dio a conocer el Decreto 1911 de 2018, por el cual se establecen los requisitos para la declaratoria y la pérdida de declaratoria de existencia de zonas francas permanentes en Cúcuta.
Dentro de los requisitos está que el usuario operador debe acreditar más de 80 hectáreas de extensión continúas excluidas las áreas de cesión y tener más de 40 usuarios al término de 10 años de declaratoria de la zona franca. Cabe resaltar que el presente decreto entrará en vigencia una vez transcurridos 15 días comunes contador a partir del día siguiente a su publicación en el diario oficial.

La Supersociedades dice que quien ostente la calidad de liquidador está posibilitado para “finiquitar aspectos inconclusos que por razones exógenas e involuntarias no se pudieron conocer dentro del proceso de liquidación voluntaria”. Esto, en armonía con lo dispuesto por la Superintendencia, quiere decir que el liquidador está facultado para llevar a cabo las gestiones procedimentales a favor de la sociedad que le permitan lograr la liquidación de la misma, entre ellas la cancelación de hipotecas. Todo lo anterior, sin desconocer el término de extensión de responsabilidad que le asiste como liquidador de la sociedad. Finalmente, si existe una hipoteca constituida a favor de la sociedad liquidada, se debe analizar si el liquidador incluyó la cuenta por cobrar, garantizada con hipoteca, como parte de los activos a liquidar o si lo hizo por pasivos.

La Superintendencia de Sociedades, mediante el Oficio 220-156768 del 10 de octubre de 2018 infiere que, en cuanto a responsabilidades, mientras el mandatario no exceda los términos del mandato, no se compromete a nombre propio, sino que compromete directamente a la sociedad y será esta última quien deberá responder ante los socios y terceros por los resultados de la gestión.
Por otra parte, el representante legal responderá solidaria e ilimitadamente por los perjuicios que por dolo o culpa ocasione a la sociedad, a los socios o a terceros, salvo que no haya tenido conocimiento de la acción u omisión.

La Superintendencia Financiera, mediante la Circular Externa 022 de 2018, por la cual se decreta el mecanismo y las reglas especiales respecto del cumplimiento del marco normativo en materia de órdenes de embargo. Dichas reglas permitirán que las entidades vigiladas cuenten con medidas, controles y sistemas de información necesarios para atender los mandatos judiciales y administrativos de manera oportuna.
Esta norma obliga a las entidades vigiladas por la entidad en mención a ajustar sus sistemas de administración de riesgo operativo –Saro– a las nuevas instrucciones de colaboración en materia de órdenes de embargo.

La Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la presente doctrina, reitera que el tratamiento de los datos personales solo puede realizarse cuando exista la autorización previa, expresa e informada del titular, con el fin de permitirle que se garantice que en todo momento y lugar pueda conocerse en dónde está su información personal, cómo fue recolectada y los medios para que la misma sea actualizada y rectificada.
Por otra parte, la Superintendencia de Industria y Comercio aclaró que el silencio del titular en ningún momento puede ser considerado una conducta inequívoca de autorización al responsable de los datos personales.

La Superintendencia de Sociedades confirmó que, sin perjuicio de lo dispuesto en los estatutos sociales, no existe impedimento legal para que un socio otorgue préstamos a la sociedad a la que pertenece. No obstante, se deberá solicitar la autorización previa del máximo órgano social para llevar a cabo la operación, so pena de resultar viciada de nulidad absoluta.
Finalmente, de ser autorizado el negocio jurídico, el contrato de mutuo se perfeccionará con los documentos que correspondan, según la información otorgada por el representante legal y atendiendo las condiciones autorizadas por el máximo órgano social.

La presente circular va dirigida a liquidadores, contadores públicos, interventores exrepresentantes legales, sociedades comerciales, sucursales de sociedades extranjeras, empresas unipersonales, y personas naturales no comerciantes controlantes de sociedades en liquidación judicial, liquidación por adjudicación o intervención con fines de liquidación. La circular en mención provee novedades sobre los plazos del reporte de información financiera, documentos adicionales, registro y presentación de información en sistema integrado de reportes financieros –Sirfin–, manejo del programa XBRL Express, entre otros aspectos.
En la presente también se estipula que los medios electrónicos estarán disponibles 24 horas al día en el portal de la Superintendencia de Sociedades, cuyo horario de atención al público para la radicación de documentos y consultas sobre el diligenciamiento de los formularios será desde las 8:00 a.m. a las 5:00 p.m.