Colombia es el país de América Latina que más gasta con tarjeta débito y crédito, pero a pesar del auge digital, todavía el 90% de las transacciones habituales mensuales de alimentos, bebidas, vestuario, transporte, vivienda y servicios públicos, entre otras, se realizan en efectivo, de acuerdo con el Banco de la República del país.
La inclusión financiera implica ampliar el acceso de productos y servicios financieros a personas sin ninguna relación bancaria, además de la alfabetización financiera y tecnológica, con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
Banco de la República presentó el informe de la deuda externa de Colombia para el mes de abril. El total de lo que debe el país llegó a US$144.068 millones.
Julio Lamprea explica que los contribuyentes del SIMPLE están formalizados, y así las entidades financieras les abrirán las puertas.
Una persona formal puede tener una garantía de un microcrédito hasta del 75 % y el Gobierno le subsidiará el 100 % de la comisión que costaría sacar dicho crédito.
Una enorme fracción de los hogares colombianos no tiene la capacidad de ahorrar en medio de la crisis ocasionada por el COVID-19.
Quienes pueden hacerlo, utilizan sus ahorros para sobrevivir.
Si un hogar no genera ahorro, nunca podrá ahorrar suficiente dinero para un mes de gastos.
La Cámara de Comercio Electrónico junto a Credibanco presentaron las cifras del segundo día sin IVA.
Plazos para tercera postulación al Paef y PAP se extendieron del 13 al 21 de julio. De igual forma, pago de contribución parafiscal para promoción del turismo se aplazó hasta diciembre.
Parámetros para el subsidio a la prima de servicios fueron emitidos y Junta Central de Contadores reanudó labores de forma presencial.
Nuevos auxilios otorgados garantizarán que las nuevas condiciones incluyan reducciones de la cuota de pago y no aumentar la tasa de interés inicialmente pactada.
Este programa estará disponible para los consumidores financieros a partir del 1 de agosto y hasta el 31 de diciembre de 2020.
Cada entidad financiera deberá expedir una certificación, suscrita por su revisor fiscal donde acredite la respectiva entrega de recursos, el valor abonado a los beneficiarios del programa.
Entre el 30 de marzo y el 26 de junio se realizaron pagos de cesantías por $207.883 millones, a 242.871 personas, por disminución del ingreso mensual.