Mediante la Ley 1901 de 2018, se creó la condición legal de las sociedades de beneficio e interés colectivo –BIC–, la cual puede ser adoptada por cualquier tipo de sociedad que quiera ajustar sus prácticas laborales, sociales y ambientales en procura del interés de la sociedad y del medioambiente, además de en beneficio de sus accionistas.
En la presente reglamentación se estipulan algunos incentivos, como tasas preferenciales en el registro de marcas y acceso a líneas de créditos especiales, así como beneficios tributarios para las empresas que les otorguen acciones a sus trabajadores. La norma, a su vez, faculta a la Superintendencia de Sociedades para que ejerza la supervisión de las empresas BIC, superintendencia que será la autoridad competente para decidir sobre las solicitudes de incumplimiento.
La Dian indica que a cada entidad le corresponde determinar a cuál de los grupos pertenece, y de esta forma establecer la fecha límite para iniciar a expedir factura electrónica de venta de acuerdo con el calendario estipulado en la Resolución 000064 de 2019.
La declaración de exequibilidad condicionada ocurre a causa de que el artículo 336 del ET, modificado por el artículo 33 de la Ley 1943 de 2018, indicó que en la depuración de la nueva cédula general solo se podrían imputar costos y gastos a las rentas de capital y rentas no laborales, impidiendo de esta manera hacer lo mismo con las rentas de trabajo que los independientes llevaran a esta misma cédula.
Siguiendo los antecedentes de la Ley 1819 de 2016, a través de la cual también se limitó tal posibilidad, y el precedente de sentencias emitidas por la Corte Constitucional para rectificar tal situación, determinando que con ello se violaba el principio de equidad establecido en el artículo 95 de la Constitución Política, dicha Corte emitió la nueva Sentencia C-520 de noviembre 5 de 2019 para concluir que los contribuyentes que perciban ingresos considerados como rentas de trabajo derivados de una fuente diferente a la relación laboral o legal y reglamentaria pueden detraer los costos y gastos que tengan relación de causalidad con la actividad productora de renta para efectos de establecer la renta líquida cedular.
El 5 de noviembre de 2019, mediante la Sentencia C-521, la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 27 de la Ley de financiamiento, en el cual se encargó de modificar el artículo 242 del Estatuto Tributario –ET–, elevando las tarifas de tributación que se tendrán que aplicar en la cédula de dividendos de las personas naturales y sucesiones ilíquidas residentes. También declaró exequibles los artículos 36, 37 y 38 de la misma ley en lo relacionado con el hecho generador, la base gravable y la tarifa del impuesto al patrimonio.
La Corte Constitucional manifestó que, aunque haya gran diferencia entre las tarifas de renta que usarán los trabajadores y las que usarán quienes perciban dividendos, es claro que al ingreso bruto de los asalariados sí les puede restar primero una gran cantidad de valores por ingresos no gravados, deducciones y rentas exentas, algo que no se puede hacer dentro de la cédula de dividendos.
El 30 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-514, la Corte Constitucional declaró exequible de forma condicionada la norma del numeral 6 del parágrafo 3 del artículo 437 del ET (creado con el artículo 4 de la Ley 1943 de 2018), y en el cual se estipula el nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natural que vende bienes o servicios gravados con IVA pueda operar como no responsable del IVA. La sentencia en mención también declara exequible condicionalmente el artículo 113 de la Ley 1943 de 2018, y sin condicionamientos el artículo 102 de la misma.
La Corte Constitucional manifestó que a la hora de medir ese nivel de consignaciones que se deben cumplir para que una persona natura opere como no responsable del IVA solo se deberá tomar en cuenta las consignaciones por ventas de bienes gravados con IVA o de servicios gravados con dicho impuesto, lo cual dejaría por fuera otro tipo de consignaciones.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público dejó en firme el Decreto 1973 del 29 de octubre de 2019, el cual reglamenta los artículos 18-1, 23-1 y 368-1 del Estatuto Tributario y el artículo 58 de la Ley 1943 de 2018, y se adicionan y sustituyen algunos artículos a la parte 2 del libro 1 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria.
El decreto en mención también adiciona el artículo que trata sobre el diferimiento de ingresos en los fondos cuyas participaciones son negociadas en bolsa, en el cual establece que el diferimiento de ingreso aplica cuando las participaciones del fondo de capital privado o de inversión colectiva se inscriben en una bolsa de valores inspeccionada por la Superintendencia Financiera, entre otros aspectos.
El 29 de octubre de 2019, mediante la Sentencia C-510, la Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo 7 del artículo 240 del Estatuto Tributario –ET–, el cual había sido adicionado por el artículo 80 de la la Ley 1943 de 2018, Ley de financiamiento, en el que se estipulaban nuevas reglas fiscales para las entidades financieras. Según dicho parágrafo, las entidades bancarias estaban obligadas a pagar cuatro puntos más en renta que el resto de las empresas.
La Corte Constitucional manifestó que la proposición para la inclusión de las normas demandadas no fue sometida a discusión ni a votación en el curso del primer debate ante las comisiones conjuntas del Senado y Cámara. Por lo anterior, dichos parámetros no tuvieron el aval expreso del Ministerio de Hacienda, ni el de nadie del Gobierno y, en consecuencia, debía declararse inconstitucional.
De conformidad con lo establecido en el inciso segundo del artículo 469 del Decreto 1165 de 2019, y en concordancia con el artículo 514 de la Resolución 046 de 2019, la Dian publica de forma agrupada por sectores el listado de los bienes o productos pertenecientes a la canasta familiar que podrán salir a través de los cruces de frontera que limitan con Venezuela.
Para la salida de los productos por los cruces de frontera que limitan con la República Bolivariana de Venezuela, la norma estable un cupo de 50 UVT, una vez por semana (de lunes a domingo) y distribuidos de la siguiente forma: 40 UVT en productos relativos a los sectores de salud, alimentos, vivienda, aseo del hogar, confección y calzado, higiene personal y educación y las diez (10) unidades restantes para los productos de los demás sectores relacionados en la resolución.
El 28 de octubre de 2019 la Dian expidió la Resolución 000069, mediante la cual modificó el artículo 1º de la Resolución 4083 de 1999 y actualizó las tablas de los códigos de propósito de los préstamos externos sujetos a la obligación de presentar información exógena cambiaria.
La norma señala que los intermediarios del mercado cambiario autorizados para canalizar operaciones pertenecientes a dicho mercado, los titulares de cuentas de compensación y los concesionarios de servicios de correo que presten servicios financieros deberán presentarle a la Dian, bajo los criterios establecidos en la Resolución 09147 de 2006 o sus posteriores modificaciones o adiciones, la información relacionada con las operaciones de cambio realizadas por conducto de tales organismos o a través de dichas cuentas, respecto de los numerales cambiarios indicados en la presente norma, que incluyen importaciones de bienes pagados con tarjeta de crédito emitida en Colombia, cobrada en moneda legal colombiana, pago de importación de bienes en moneda legal colombiana y reintegro por exportaciones de petróleo y sus derivados, incluidos los anticipos, entre otros conceptos.
El artículo 1.7.1 del Decreto 1625 de 2016 señala que el reporte de conciliación fiscal forma parte de la conciliación fiscal, y que corresponde al informe de los saldos contables y fiscales en donde se consolidan y explican las diferencias que surjan entre la aplicación de los marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del Estatuto Tributario –ET–. Igualmente, mediante el artículo 1.7.4 del Decreto 1625 de 2016 se facultó a la Dian para que prescribiera el formato para el reporte de conciliación fiscal, labor que debía realizar a más tardar el 31 de octubre de 2019. En cumplimiento de lo anterior, la Dian expidió la Resolución 000071 de octubre 28 del año en curso, con la cual prescribe el formato de reporte de conciliación fiscal para el año gravable 2020. Dicha resolución se encuentra acompañada de cuatro anexos: el primero corresponde al reporte de conciliación fiscal anexo formulario 110– Formato 2516; el segundo, al reporte de conciliación fiscal anexo formulario 210– Formato 2517; y el tercero y cuarto corresponden a las guías de diligenciamiento de cada formato.