Mediante la presente sentencia, se estipula que el término para que la Dian resuelva los recursos de reconsideración o reposición es de un año; dentro de dicho término, se involucra su debida notificación. Cuando esta última se hace por fuera del tiempo previsto, el proceso puede ser considerado nulo.
El hecho de que la contabilidad cumpla con los requisitos de orden formal, no impide que se le reste validez si se comprueba que no existen pruebas necesarias de credibilidad, por ejemplo, documentación de los pagos y demás operaciones. Por ende, la Dian puede sancionar al contribuyente.
El demandante afirma que lo estipulado en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 no se ha cumplido debido a la negligencia existente al momento de expedir una reglamentación que establezca la forma en la que se debe realizar la retención de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los contratos de prestación de servicios personales.
Por lo anterior, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la Sentencia 2018-00058 de marzo 12 de 2018, ordenó al gobierno nacional que en el término de 4 meses se emita la respectiva reglamentación del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, el cual modificó el régimen de cotización de los contratistas de prestación de servicios públicos y privados, generándole a los contratantes la obligación de retener directamente los pagos a seguridad social por parte del contratista.
La Corte Constitucional admitió la demanda contra el numeral 5 (parcial) del artículo 290 del ET, adicionado por el artículo 123 de la Ley 1819 de 2016, en lo referente a las pérdidas fiscales del año 2016 y anteriores en el impuesto a la renta y/o el CREE, las cuales serían compensadas teniendo en cuenta la fórmula indicada en dicho numeral.
Por lo anterior, el demandante considera que la figura de la compensación por pérdidas fiscales no constituye un beneficio tributario que otorga el legislador a los contribuyentes, sino que se trata de una minoración estructural que opera para la adecuada determinación del impuesto sobre la renta y complementarios.
Mediante la sentencia 0349-16 de 2018, el Consejo de Estado recordó los factores que hacen que el contrato de prestación de servicios pase a ser un contrato laboral: la subordinación, situación en la que se exige al servidor público el cumplimiento de órdenes en cualquier momento; la permanencia, que hace referencia a que la labor sea inherente a la entidad; y la equidad o similitud frente a los empleados de planta.
Cabe resaltar que, por más que se declare la existencia de la relación laboral y se le reconozcan los derechos económicos laborales, no se le puede otorgar la calidad de servidor público, ya que para ello es indispensable que se den los presupuestos de nombramiento o elección y su correspondiente posesión.
Mediante la Sentencia 11001-03-24-000-2009-00417-00 de 2018, el Consejo de Estado estableció los criterios y factores de análisis para definir la conexión competitiva entre dos marcas, siendo en la presente norma las marcas “IMPULSOR” (mixta) e “IMPULSOR” (nominativa).
Por lo anterior, el Consejo de Estado estableció seis criterios de definición de conexión competitiva, acogiéndose a la interpretación prejudicial que anteriormente había hecho el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Dichos criterios son:
1) Inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor.
2) Canales de comercialización.
3) Medios de publicidad.
4) La relación o vinculación entre productos.
5) El uso complementario o conjunto de productos.
6) El género de estos.
ediante la presente sentencia, el Consejo de Estado concluye que, los pagos realizados por medio de bonos SODEXHO PASS a los vendedores de telefonía celular en el año 2005 se consideran comisiones, por ende, se le debió aplicar la retención de que trata el artículo 392 del ET.
El Consejo de Estado reiteró que el régimen salarial aplicable a los servidores públicos vinculados al sector salud de las fuerzas militares es el previsto para los empleos de la rama ejecutiva.
La Dian señaló que la exención del IVA en exportaciones puede ser rechazada, en caso de que no haya sido soportada, o la Dian recaude pruebas que demuestren la inexistencia de dichas operaciones.
La Superitendencia precisa que la norma contempla mecanismos expresos y expeditos que garanticen los derechos del consumidor de recibir bienes y servicios acordes con las condiciones ofrecidas y a replantear su decisión de compra cuando su consentimiento se vio determinado por las condiciones en las que se le abordó para concretar el negocio. Es así como, en el marco del derecho del retracto, se habilita al consumidor para modificar su decisión de compra. Esto, siempre y cuando el derecho se ejercite dentro de la oportunidad contemplada para ello. Al respecto, el artículo 47 del Estatuto de Protección al Consumidor es claro al relacionar los efectos del ejercicio del derecho de retrato, por lo que no le es dable al proveedor negarse, guardar silencio, condicionar la devolución del dinero o presionar al consumidor para aceptar un bien o servicio diferente al inicialmente adquirido. Esto último, dado que la única acción procedente, una vez ejercido el derecho, es la devolución del dinero cancelado a título de precio por el bien o servicio adquirido mediante la venta a distancia o financiada.