La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró inexequible la partida 96.19 del artículo 185 de la Ley 1819 de 2016, bajo el fundamento de que el impuesto a las toallas higiénicas y tampones vulnera el principio de equidad horizontal y actualmente discrimina a las mujeres.
La corte en mención identificó que era aún más inconstitucional declarar únicamente la inexiquibilidad de dicha partida, puesto que se presentaría un incremento en el IVA, pasando del 5 % a la tarifa general del 19 %. Por lo anterior, se integró una partida (toallas higiénicas y tampones) al listado de los bienes excluidos del impuesto al valor agregado, contemplado en el artículo 175 de la Ley 1819 de 2016.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, declaró exequible el inciso primero del artículo 336 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 1 de la Ley 1819 de 2016, en el entendido de que los trabajadores independientes pueden detraer, para efectos de establecer la renta líquida cedular, los costos y gastos que tengan relación con la actividad productora de renta.
La corte en mención indicó que si se impide restar costos y gastos a los trabajadores independientes que utilicen la cédula de rentas de trabajo, se estaría violando el principio de equidad tributaria (numeral 9 del artículo 95 de la Constitución Política), y dentro de las razones señala, entre otras, que los ingresos de los trabajadores asalariados son, por lo general, constantes, mientras que los ingresos de los independientes son intrínsecamente variables.

Mediante la presente sentencia, la sala considera que el hecho de exigir el registro civil de nacimiento con una fecha de vigencia determinada para iniciar el trámite de pensión de sobreviviente, puede llegar a poner en riesgo los derechos fundamentales a la vida digna y el mínimo vital del beneficiario.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia concluyó que resulta razonable tener el auxilio de transporte intermunicipal como factor salarial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, dado que en este caso en particular ha sido establecido como un pago convencional habitual.

La Sala Laboral concluyó que, tratándose de los factores salariales a considerar para efectos de liquidar prestaciones sociales o para establecer el ingreso base de liquidación de pensiones de orden extralegal, el término devengado ha sido entendido como sinónimo de causado.

Mediante la presente sentencia, la Sala de lo Contencioso Administrativo concluye que el residente fiscal que declaró el impuesto a la riqueza por su patrimonio al 1 de enero de 2015 debe declarar para los años posteriores el patrimonio poseído a nivel mundial.

La Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-088 de 2018 concluyó que, la asignación a cargo de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, de la facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público resulta acorde con los principios de eficiencia tributaria y solidaridad.
Le correspondió a la corte determinar si la norma que permite imponer a las empresas de energía eléctrica domiciliaria la actividad de recaudo del impuesto de alumbrado público, sin contraprestación, era contraria a la libertad de empresa y a la justicia y equidad bajo las cuales se debe contribuir al financiamiento de los gastos del estado. Finalmente se infirió que por razones de eficiencia tributaria y en virtud del principio de solidaridad, el legislador puede imponer cargas administrativas a ciertos particulares, relativas a la retención y recaudo de impuestos, a partir de su posición clave en la generación o recolección del tributo.

Mediante la Sentencia SL3744 de 2018, la Corte Suprema de Justicia resuelve el caso de un trabajador con el que fue acordado el pago de salario integral en un contrato a tiempo parcial. Para esto determinó que es viable el acuerdo entre las partes de este tipo de salario pagado proporcionalmente según las horas realmente contratadas.

La Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales declaró la exequibilidad condicionada del parágrafo primero del artículo 235-2 del ET, señalando que: “Las rentas exentas de que trata el numeral 6, se aplicarán en los términos y condiciones allí previstos a partir del 1 de enero de 2017, incluso respecto de los proyectos en los que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, se hayan aportado los predios al patrimonio autónomo constituido con objeto exclusivo para el desarrollo de proyectos de VIS y/o VIP.”
Tras la lectura de los fundamentos de la sentencia puede entenderse que los contribuyentes que antes de entrar en vigor la Ley 1819 de 2016 hubiesen consolidado las condiciones para acceder al beneficio tributario de que trata el numeral 9 del artículo 207-2 del ET, podrán aplicar la exención al momento de la enajenación de los predios, en los términos allí establecidos, pese a la derogatoria establecida en el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016.

Mediante la sentencia 77339 de 2018, la Sala Laboral de la Corte Suprema preciso que el tiempo de servicios sin cotizar por falta de cobertura del Instituto de Seguros Sociales –ISS– no puede ser desconocido, puesto que el empleador conserva una responsabilidad financiera respecto del trabajador, que hace referencia a un título pensional. Por lo anterior se concluye que el empleador debe responder ante el ISS por el pago de los tiempos en que la prestación estuvo a su cargo.
Las partes involucradas en este proceso son IBM de Colombia & Cia SCA, Carlos Enrique Carrasco y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES–, de lo anterior la Corte Suprema concluye que no prosperan las pretenciones interpuestas por IBM de Colombia & Cia SCA contra el proceso adelantando entre Carlos Enrique Carrasco y Colpensiones