A través del Decreto 642 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público reglamenta el artículo 53 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022), en lo relacionado con las gestiones que deben adelantar las entidades que hagan parte del presupuesto general de la nación para reconocer como deuda pública y pago las sentencias o conciliaciones que se encuentren en mora.
A través de la Resolución 735 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y sus familias frente a los riesgos que representa el COVID-19.
El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales.
A través del Decreto legislativo 639 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por la contingencia del COVID-19, crea el programa de apoyo al empleo formal –Paef–, por medio del cual se otorgará un subsidio equivalente al 40 % ($351.121) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente para el pago de la nómina de cada empleado de las empresas pequeñas, medianas o grandes que hayan sufrido una reducción del 20 % en su facturación o ventas en comparación con el mes de abril de 2019.
A través del Decreto 636 de 2020, el Ministerio del Interior imparte medidas para el mantenimiento del orden público durante la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19; entre las que se encuentran el ordenamiento del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de este año y la autorización para la circulación de personas que requieran y/o presten determinados servicios.
A través del Decreto 611 de 2020, el Departamento Administrativo de la Función Pública autoriza el pago de horas extra, dominicales y festivos para los empleados públicos de los niveles profesional, técnico y asistencial del Instituto Nacional de Salud, cualquiera sea su remuneración salarial y durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria decretada por el Ministerio de Salud y Protección Social, esto es, hasta el 30 de mayo de este año.
A través del Decreto 607 de abril 29 de 2020, el Ministerio de Salud corrigió errores formales en el Decreto Legislativo 538 de 2020, mediante el cual se adoptaron medidas en el sector salud para contener y mitigar la pandemia del COVID-19 y garantizar la prestación de los servicios de salud, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica.
En este sentido, el artículo 1 del decreto en cuestión corrigió el yerro contenido en el artículo 7 del Decreto Legislativo 538 de 2020 para hacer referencia expresa al Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud –Fonsaet–.
A través de la Resolución 000666 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad que deberán seguir, entre otros, las empresas del sector público y privado, aprendices, cooperados de cooperativas y contratantes para evitar la propagación del COVID-19.
Estas medidas deberán ser adoptadas con la asesoría de las administradoras de riesgos laborales –ARL– según las necesidades particulares de cada sector productivo.
A través de la Circular 0034 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó que la vigencia de lo dispuesto en los decretos 488 y 500 de 2020 queda sujeta a la del estado de emergencia sanitaria decretado por el Ministerio de Salud y Protección Social; esto es, hasta el 30 de mayo de este año.
A través de la Circular 0033 de 2020, el Ministerio del Trabajo determinó los mecanismos adicionales a los previstos en la Circular 021 de 2020 para que los empleadores puedan proteger el empleo.
Entre dichos mecanismos se encuentran el otorgamiento de licencias remuneradas compensables, modificación de la jornada laboral, concertación del salario conforme lo establece el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo, la modificación o suspensión de beneficios extralegales y la concertación de beneficios convencionales.
A través del Decreto 582 de 2020, el Ministerio del Trabajo implementó medidas para la protección de los derechos de los pensionados, los beneficiarios de los beneficios económicos y periódicos –BEPS– y los beneficiarios del programa de subsidio al aporte en pensión –PSAP–, con ocasión del COVID-19.
Entre dichas medidas se encuentran la modificación temporal y parcial del artículo 2.2.14.1.24 del Decreto 1833 de 2016, en el sentido en que los afiliados al programa PSAP no perderán su condición de beneficiarios por la causal establecida en el numeral 4 del mencionado artículo.