El Gobierno nacional dejó en firme la Ley 1988 de 2019, cuyo objetivo es establecer los lineamientos generales para la formulación de la política pública de los vendedores informales, con el fin de garantizar los derechos a la dignidad humana, al mínimo vital, al trabajo y a la convivencia en el espacio público. En la norma en mención también se estipula que en un plazo de 12 meses los ministerios de trabajo y del interior se encargarán de elaborar, formular e implementar la mencionada política pública.
Será función del Departamento Administrativo de Planeación Nacional hacer el seguimiento a la elaboración y ejecución de dicha política.

El 24 de julio de 2019 se sancionó la Ley del actor, en la cual se establece la posibilidad de contratar los servicios de actores a través de cualquier vía para ello, es decir, por contrato laboral, por prestación de servicios y/o por cualquier agremiación, ya sea un sindicato, cooperativa o sociedad.
La norma también establece la creación del registro nacional de actores y actrices, que básicamente es una base de datos con la que se recopilará la información del gremio, en aras de la creación de políticas públicas que los beneficien. Esta nueva base de datos exige una serie de condiciones de formación académica y experiencia laboral para poder inscribirse a la misma.

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

El viernes 28 de diciembre de 2018 el Gobierno sancionó la Ley 1943 de 2018, “ley de financiamiento”, por la cual se busca solventar las necesidades sociales planteadas en el Presupuesto General de la Nación de 2019, y a su vez generar empleo, promover la inversión privada y la equidad social, reactivar la economía, entre otros aspectos. Para lo anterior, mediante la presente norma, se introducen grandes cambios en materia tributaria para las personas naturales, jurídicas y demás. Dentro de esos cambios se destacan, entre otros, que las comisiones en las operaciones cambiarias pasan a ser excluidas del IVA, se elimina el término “régimen simplificado” y se implementa el nuevo término “responsables del IVA” donde se unifican los términos “régimen simplificado” y “régimen común”. En lo que respecta al impuesto de renta de las personas naturales, a partir del año gravable 2019 ya no se tendrán 5 cédulas para la liquidación del impuesto, sino solo 3, y el impuesto de renta para las personas jurídicas pasa de manera gradual de un 33 % a un 30 % en el año gravable 2022.

El Gobierno sancionó la presente ley, por la cual se aprueba el Convenio entre Colombia y el Reino Unido, que nace de la necesidad de eliminar la doble tributación con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre las ganancias de capital, sin crear oportunidades para la no imposición o para la reducción de impuestos a través de la evasión fiscal o de la elusión fiscal.
El convenio será aplicable a los siguientes impuestos en el caso de Colombia: impuesto sobre la renta y complementarios e impuesto sobre la renta para la equidad –CREE–. Para el caso de Reino Unido se tienen los siguientes: el impuesto sobre la renta, el impuesto corporativo y el impuesto sobre ganancias de capital.

En la presente norma se define la propina como el reconocimiento en dinero que de forma voluntaria el consumidor otorga a las personas a manera de agradecimiento por el buen servicio. Por lo anterior, serán beneficiarios de la destinación del dinero producto de las propinas las personas involucradas en la cadena de servicios.
Cabe resaltar que la propina no podrá superar el 10 % del valor del servicio prestado; los propietarios y/o administradores no podrán intervenir en la distribución de estas o destinar parte de ellas a los gastos de funcionamiento del establecimiento y, por último, pero no menos importante, los ingresos por concepto de propinas no constituyen salario y no pueden ser retenidas por parte del empleador.

En aras de que el municipio de Santiago de Cali cumpla las funciones y preste los servicios a su cargo, y con el ánimo de promover el desarrollo integral del territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, mediante la presente ley se dota a dicho municipio de facultades e instrumentos legales en pro del cumplimiento de dichas funciones.
Cabe resaltar que la categorización como Distrito Especial implica una nueva organización político-administrativa, por lo cual el municipio de Santiago de Cali ya no estará dividido en comunas y se estructurarán localidades dirigidas por un alcalde menor.
Dentro de los beneficios se encuentran: la celebración de convenios con recursos de regalías, el hecho de que las entidades territoriales podrán impulsar el desarrollo económico, que se ampliará la participación comunitaria, entre otros.

El Gobierno sancionó la presente ley, con la cual se autoriza legalmente a las cajas de compensación familiar para modificar por un período de 5 años la destinación de un porcentaje del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante –Fosfec–, para que puedan usar dichos recursos para el saneamiento de pasivos en salud; precisando que los recursos y sus rendimientos serán operados la Adres.
Se espera que, con la presente norma, las cajas de compensación familiar con servicios de salud en los regímenes subsidiado y contributivo puedan enervar las dificultades, que no le permiten cumplir con los estándares de habilitación financiera del Decreto 2702 de 2014.
Cabe resaltar que la Superintendencia de Subsidio Familiar y la Superintendencia de Salud deberán presentar los primeros 10 días de cada legislatura, un informe sobre el uso de los recursos del Fosfec para el saneamiento de pasivos de las cajas de compensación familiar.

La República de Colombia y la Unión Europea –UE– deseaban fijar las condiciones generales relativas a la participación de Colombia en las operaciones de gestión de crisis de la UE, mediante un acuerdo por el que se creara un marco para dicha participación.
Por lo anterior, el Gobierno sancionó la Ley 1928 de 2018, por la cual se aprueba el acuerdo entre la UE y Colombia en el que se crea un marco para la participación de este último en las operaciones de gestión de crisis de la UE.

El Gobierno sancionó la presente ley, que nace de la necesidad de una cooperación entre el Estado y el sector privado en la lucha contra la ciberdelincuencia, así como la necesidad de proteger los legítimos intereses en la utilización y el desarrollo de las tecnologías de la información.
A su vez, dicho convenio resulta necesario para prevenir a los ciudadanos en temas que atañen a la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los sistemas redes y datos, así como el abuso de dichos sistemas y la tipificación de delitos, con la finalidad de facilitar su detección e investigación a nivel nacional e internacional.