Dian expide la Resolución 000095 de 2020, mediante la cual prescribió el formulario 260 para la presentación de la declaración anual consolidada por parte de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación, correspondiente al período gravable 2019.
Los contribuyentes obligados a presentar la declaración anual consolidada del impuesto unificado bajo el régimen simple deberán hacerlo a través de los servicios informáticos, utilizando el instrumento de firma electrónica –IFE– autorizado por la Dian, dentro de los plazos señalados por el Gobierno nacional.
Por el cual se autorizan y regulan las líneas de crédito con tasa compensada, mediante recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias –Fome–, y se dictan otras disposiciones.
Mediante el Concepto 2565 de octubre 1 de 2020, la Dian ratifica que en los contratos que no impliquen la prestación de un servicio personal no resulta aplicable la verificación prevista en el artículo 3 del Decreto 1070 de 2013 con relación a los pagos por seguridad social.
De esta manera, se concluye que para el caso de los pagos realizados por conceptos de arrendamientos no será necesaria tal verificación.
La Supersociedades resolvió varias inquietudes en torno al uso y el tratamiento contable de los criptoactivos. Al respecto, recalcó que los criptoactivos no pueden ser objeto de aporte para la constitución del capital de una sociedad colombiana por cuanto su uso legal no está permitido en el país.
Corte Constitucional expide la Sentencia C-430 de 2020, mediante la cual realiza la revisión automática de constitucionalidad del Decreto Legislativo 682 de 2020, a través del cual se estableció la exención especial del impuesto sobre las ventas para el año 2020 y se dictaron otras disposiciones con el propósito de promover la reactivación de la economía colombiana, en el marco del estado de emergencia económica, social y ecológica decretado por el Decreto 637 de 2020. La decisión de la Corte frente a esta norma fue, principalmente, declarar exequible el contenido del Decreto Legislativo 682 de 2020.
Esta norma aborda, primordialmente, temas relacionados con los días de exención en materia del IVA, así como la definición de los bienes cubiertos, la reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo en el expendio de comidas y bebidas, la exclusión del IVA sobre el arrendamiento de locales comerciales y concesión de espacios, entre otros.
Mediante la Sentencia SL4108 de 2020, la Corte Suprema de Justicia determinó que la pensión anticipada de vejez por deficiencias físicas, síquicas o sensoriales es aplicable a los afiliados al régimen de ahorro individual con solidaridad –RAIS–.
Dian expide el Concepto 0539 de 2020, mediante el cual brinda una orientación general sobre las sanciones asociadas al reporte de información exógena, resolviendo interrogantes planteados en torno a este tema.
A través de la Resolución 1734 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó las condiciones de operación del sistema general de pensiones en el sistema de afiliación transaccional –SAT–.
Lo dispuesto en esta nueva resolución tiene como objetivo fijar normas técnicas en lo que refiere a la afiliación y el reporte de novedades que deben realizar los empleadores, trabajadores independientes y todo aquel que se encuentre obligado (sea persona natural o jurídica) a reportar información al sistema general de pensiones.
Mediante la Sentencia SL3827 de 2020, la Corte Suprema de Justicia determinó que la renuncia realizada con vicio en el conocimiento no supone un despido sin justa causa.
El Consejo de Estado expidió la Sentencia 211700 de 2020, a través de la cual declaró la nulidad de la Resolución 000040 de 2020, con la que la Dian flexibilizó transitoriamente algunos requisitos para la obtención del RUT por parte de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia y los prestadores de servicios desde el exterior.
La sentencia aclara que tal decisión no afecta las situaciones jurídicas consolidadas al amparo de las disposiciones anuladas, de suerte que no invalida las inscripciones en el RUT que se hayan efectuado antes de la ejecutoria de esta providencia por parte de los inversionistas extranjeros sin domicilio en Colombia obligados a cumplir deberes formales y los prestadores de servicios desde el exterior responsables del IVA.