A través del Decreto 644 de mayo 11 de 2020, el Ministerio de Hacienda reglamentó el numeral 13 del artículo 424, los numerales 6 y 7 del artículo 477 y el artículo 850 del Estatuto Tributario –ET–, en relación con los bienes exentos y excluidos del IVA, control tributario y aduanero en zonas especiales, y las solicitudes de devolución y/o compensación de saldos a favor en las declaraciones del IVA.

Así, el decreto desarrolla las definiciones y controles tributarios en la comercialización, así como los aduaneros en la importación, y los documentos necesarios para la procedencia de la exclusión del IVA en el consumo humano y animal; vestuario; elementos de aseo y medicamentos para uso humano o veterinario; materiales de construcción que se introduzcan y comercialicen a los departamentos de Guainía, Guaviare, Vaupés y Vichada; y para las exenciones previstas en los numerales 6 y 7 del artículo 477 del ET.

Además, establece los documentos necesarios que deberán anexarse a la solicitud de devolución y/o compensación de los saldos a favor en las declaraciones del IVA, originados por los impuestos descontables en la producción y comercialización de los bienes de que tratan los artículos en cuestión.

A través de la Resolución 735 de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social determinó el protocolo de bioseguridad para las diferentes actividades del comercio electrónico, con el fin de garantizar la protección a trabajadores, empleadores y sus familias frente a los riesgos que representa el COVID-19.

El protocolo va dirigido a centros de llamada, de contacto, de soporte técnico, de procesamiento de datos y de servicios compartidos, incluidos los business process outsourcing, servicios domiciliarios, mensajería y plataformas digitales.

A través del Decreto legislativo 639 de 2020, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con ocasión de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica por la contingencia del COVID-19, crea el programa de apoyo al empleo formal –Paef–, por medio del cual se otorgará un subsidio equivalente al 40 % ($351.121) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente para el pago de la nómina de cada empleado de las empresas pequeñas, medianas o grandes que hayan sufrido una reducción del 20 % en su facturación o ventas en comparación con el mes de abril de 2019.

Supersociedades publicó la Circular Externa 100-000009 de 2020, por medio de la cual modifica por cuarta vez el calendario para la presentación de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019, como resultado de las medidas tomadas para prevenir y contener el COVID-19. Además, amplía los plazos para el envío del informe de prácticas empresariales.

De esta forma, la presentación de estados financieros prevista para iniciarse el miércoles 13 de mayo de 2020 se iniciará desde el jueves 28 de mayo hasta el viernes 26 de junio del año en curso, de acuerdo con los dos últimos dígitos del NIT de la empresa, sin tener en cuenta el número de verificación.

En razón a las nuevas medidas de aislamiento preventivo obligatorio tomadas por el Gobierno nacional a causa de la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19), la nueva emergencia económica, social y ecológica declarada en el país por medio del Decreto 636 de mayo 6 de 2020, además de las continuas peticiones realizadas por los contribuyentes respecto a esta situación y la forma en que está afectando el cumplimiento de las obligaciones tributarias, la Dian expidió la Resolución 000046 de mayo 7 de 2020, para realizar la ampliación de los plazos de presentación de la información exógena tributaria del año gravable 2019 para los grandes contribuyentes.

Tales plazos no habían sido modificados por la Resolución 000027 de 2020, por lo que estaban contemplados entre el 15 y el 29 de mayo, de acuerdo con la versión original de la Resolución 011004 de 2018. Con la nueva Resolución 000046 se indica que los grandes contribuyentes deberán cumplir con este requerimiento tributario entre el 9 y el 24 de junio del año en curso.

Dian expide la Resolución 000045 de 2020, a través de la cual prescribe, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, el formulario 210 para el año gravable 2019 o fracción 2020 y el formulario 445 para el año gravable 2020 empleado en la declaración de normalización tributaria , y se modifica la Resolución 000019 del 10 de marzo de 2020 respecto al formulario 220.

A través del Decreto 636 de 2020, el Ministerio del Interior imparte medidas para el mantenimiento del orden público durante la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19; entre las que se encuentran el ordenamiento del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de mayo de este año y la autorización para la circulación de personas que requieran y/o presten determinados servicios.

A través del Decreto 637 de mayo 6 de 2020, el Gobierno nacional decretó un nuevo estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio colombiano, en aras de enfrentar los efectos de la crisis derivados de la propagación del COVID-19 en el país.

Así, dicho estado de emergencia tendrá lugar entre el 6 de mayo y el 6 de junio de 2020, período durante el cual el Gobierno adoptará medidas mediante decretos legislativos, además de las medidas adicionales necesarias para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

A través de la Resolución 000042 de mayo 5 de 2020, la Dian estableció nuevas disposiciones en torno a los sistemas de facturación, proveedores tecnológicos, registros de la factura electrónica, así como el nuevo calendario aplicable para su implementación. Lo anterior, acorde a las modificaciones realizadas por la Ley 2010 de 2019 y el Decreto 358 de 2020.

Así, dicha resolución establece las condiciones, términos y mecanismos técnicos y tecnológicos para la generación, trasmisión, validación, expedición y entrega de la facturación electrónica al adquiriente. Además de señalar que la factura electrónica con validación previa y los demás sistemas de facturación vigentes son considerados como soportes de las ventas y/o prestación de servicios y, por tanto, son procedentes para la solicitud de costos, deducciones e impuestos descontables.

A través del Concepto 513 de mayo 4 de 2020, la Dian se pronunció respecto a la aplicación del impuesto solidario por el COVID-19 cuando se trate de contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública.

Así, la Dian señala que, cuando una persona natural esté vinculada mediante 2 o más contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública, se deberá tener en cuenta la totalidad de los pagos o abonos en cuenta para efectos de determinar la sujeción pasiva, el hecho generador, la base gravable y la tarifa.

Ahora bien, respecto a la base gravable, solamente se podrá detraer el primer $1.800.000 sobre la totalidad de los pagos o abonos en cuenta, mensuales periódicos, a favor de la persona natural, sin considerar si dichos pagos o abonos en cuenta se originan en uno o varios contratos. Es decir que no es posible detraer $1.800.000 por cada contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión pública.