Uno de los problemas que sí venía afrontando nuestro país antes de la presencia del COVID-19 es el tema del déficit fiscal; este ya había sido afectado por presupuestos irresponsables realizados en períodos anteriores con precios del barril de petróleo por encima de 100 dólares.
No les falta razón a quienes sostienen que lo principal en nuestro país es asegurar un empleo digno. El gran problema es que entre el salario y el costo total de las erogaciones que la ley exige en torno a este hay un margen grande pues, por lo general, el total de estas asciende al doble de aquel.
Las empresas de tecnología exitosas saben cómo identificar desafíos y convertirlos en oportunidades, especialmente cuando esto les permite definir un mercado que aún no está maduro.
La gran mayoría de las personas nos hemos convertido en operadores jurídicos, en cuanto aplicamos las normas, porque son obligatorias y no queremos ser castigados, sin hacer un cuidadoso análisis de sus implicaciones morales o de sus consecuencias en materia de reconocimiento de derechos fundamentales.
El pasado 17 de junio de 2021 se aprobó en Senado y Cámara el proyecto de ley que contempla la ampliación de la licencia de paternidad de ocho (8) días hábiles a dos (2) semanas, pudiendo beneficiarse de esta no solo el cónyuge o compañero permanente de la madre, sino también el padre adoptante.
La reducción de la jornada laboral puede llevar a que las empresas contraten a más personas para mantener los niveles de producción, lo que aumentaría más los ya elevados costos de operar formalmente.
Las opciones en este caso son transferir estos costos a los consumidores u optar por la informalidad.
Los accionistas minoritarios son hoy un grupo que goza de una especial protección de la ley y de las autoridades judiciales. En las sociedades listadas en bolsa, el estándar de protección es aún mayor, pues confluyen normas corporativas de protección de los inversionistas en el mercado de valores.
Retomar la senda de crecimiento, reducir los indicadores de pobreza y desempleo, actualizar y modernizar el sistema tributario, disminuir el déficit fiscal y no bajar la guardia con las medidas sanitarias son tareas prioritarias. Las reformas estructurales a la economía colombiana no dan espera.
Muy orgullosos por el efecto de la fe pública, el cual no es contable sino jurídico, los contadores han olvidado que lo fundamental no es comprobarles el cumplimiento a las agencias estatales, sino que la información que preparan sirva de fundamento de las decisiones adoptadas por los inversionistas.
El próximo 30 de junio vencerá el plazo para que los pensionados actualicen el registro único tributario –RUT–, documento indispensable para identificar, ubicar y clasificar a las personas sujetas de obligaciones administradas por la Dian.