Estudio de los objetivos globales del auditor, definiciones y requerimientos de la NIA 200.
El caso de los Panamá Papers y su repercusión lo generó una cierta popularización del término offshore y sus implicaciones en lo referido al dinero que muchos ciudadanos del mundo de alto poder adquisitivo mantendrían oculto en el exterior. ¿Qué significa el término offshore? ¿Es legal; o es un delito para cualquier ciudadano del mundo tener una cuenta bancaria abierta en el extranjero?.
El revisor fiscal debe aplicar la NIA en lo que considere pertinente y tendrá en cuenta las normas legales vigentes sobre sus funciones y deberes, ante todo en materia de la vigilancia continua, integral e independiente que debe ejercer y de presentación de informes a la asamblea general de accionistas o a la junta de socios.
Las normas internacionales hacen que las empresas preparen su información con base en los Estándares Internacionales, dándole así un valor agregado a la información de sus operaciones económicas, permitiendo mostrar a dueños y terceros la realidad de su negocio.
El 21 de mayo de 1590, Miguel de Cervantes Saavedra le escribió al Rey de España Felipe II solicitándole la contaduría del nuevo reino de Granada1, cargo por el que pagaba mucho dinero, pero no obtuvo el cargo y volvió a la literatura.
De acuerdo con la NICC 1, la firma debe establecer políticas y procedimientos para la aceptación y continuidad de las relaciones con clientes y compromisos específicos, con el fin de dar una seguridad razonable de que solo asumirá o continuará las relaciones y compromisos en los cuales cumpla determinadas condiciones.
Una de las más difíciles evoluciones de Derecho es el abandono del casuismo. Es necesario deducir cuál es el factor común de una serie de circunstancias y plasmar tal factor, en lugar de hacer larguísimas enunciaciones de múltiples eventos en los que debería obrar una norma jurídica.
La Ley 43 de 1990 estableció que la Junta Central de Contadores puede aplicar amonestaciones, multas, suspensión y cancelación de la inscripción profesional. Estas últimas son mucho más fuertes que las que consisten en la suspensión o remoción del cargo de revisor fiscal, o en la prohibición de suscribir declaraciones tributarias.
En el anteproyecto que venimos comentado se lee: “(…) La sanción de cancelación podrá ser levantada a los diez (10) años o antes y deberá ser adoptada por unanimidad de los miembros del Tribunal de la Contaduría Pública. ―El registro de las sanciones disciplinarias ejecutoriadas será por un término máximo de cinco (5) años contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que impone la sanción. Vencido dicho término se cancelará el dato negativo existente en los registros que lleve la autoridad disciplinaria. (…)”
Aunque personalmente no comparto el proceso de implantación de estas Normas Internacionales de Auditoría y me parece muy difícil que la mayor parte de los revisores fiscales puedan aplicarlas en su totalidad, es conveniente estudiarlas con calma para tener un adecuado conocimiento de estas y así poseer fundamentos suficientes en las críticas que se puedan generar por parte de los contadores públicos.