La aplicación de nuevas disposiciones legales expedidas para conjurar los impactos de la pandemia, así como la elaboración de informes a diferentes entidades, han duplicado la carga laboral del contador público. El apoyo permanente de las áreas contables se ha constituido en valioso soporte.
Los que proponen y aprueban normas que idealizan conductas lo único que hacen es adoptar reglas con aplicaciones injustas.
No es necesario realizar ningún proceso porque desde un principio se sabe que el acusado terminará considerado culpable. Nadie debiera ofrecerse para realizar semejantes tareas.
Hay que recordar que a los contables les incumbe el cuidado de la sustancia, esencia o realidad económica. Muchas veces pensamos que, si el dueño da la orden, hay que obedecerle. Se trata de un inmensísimo error. Cada uno debe abstenerse de obrar contra su moral, la ética y las normas.
Los censos económicos son una actividad clave de las oficinas estadísticas nacionales, y la ONU recomienda hacerlos cada cinco años.
En informe técnico de 2010, la ONU reporta que el 83 % de los países desarrollados cumplen con esa práctica, mientras que los restantes los ejecutan cada 10 años.
Nuestro derecho mercantil exige la inscripción en el registro mercantil de los nombramientos de revisores fiscales. Además, el profesional contable que suscriba las declaraciones tributarias debe inscribirse en el RUT. Los registros de ambas entidades deberían fluir de forma sincronizada.
Mientras la legislación tributaria cree beneficios que aumenten la utilidad y disminuyan los impuestos a pagar, existirán problemas de orden contable.
La contabilidad no es una disciplina para reflejar hechos según lo que dispongan las normas, sino según sea su sustancia, esencia o realidad económica.
El comportamiento ético es el resultado de un conjunto de fuerzas. Se necesita de unos principios firmemente arraigados en la persona, por su educación familiar y su formación formal, reforzados por la cultura dentro de la que se vive.
El funcionamiento deficiente del mercado laboral y la alta informalidad inciden en la sostenibilidad del sistema pensional, y explican en parte por qué en Colombia solo acceden a pensión contributiva una de cada cuatro personas en edad de jubilación.
La realidad indica que son muy pocas las entidades, aparte de las del sector financiero, que tienen una reglamentación específica, que hacen el cálculo del riesgo de crédito a ciencia cierta. Las otras todo lo reducen a una cifra de deterioro en los estados financieros que no refleja la realidad.
El pasado 14 de julio de 2020, el Gobierno expidió el anhelado Decreto 1013 de 2020, por medio del cual reglamentó el artículo 107-2 del ET.
Este artículo menciona que serán aceptados fiscalmente los pagos que el empleador haga por contribuciones a la educación de los empleados.