Si una cooperativa no aplica las normas contables a la hora de preparar estados financieros, obra contra las reglas legales, y estos casos carecen de validez e implican nulidad. Sin embargo, es necesario pensar si efectivamente la información no muestra la situación financiera y el desempeño de la entidad.
Frente a la factura electrónica es necesario que exista una planeación y preparación para enfrentar las nuevas tecnologías, los requerimientos de los entes de control y los retos profesionales. Los contadores públicos deberán satisfacer las necesidades de los contribuyentes en este sentido.
Las irregularidades sustanciales que analizamos en esta columna dejan en evidencia una preocupante situación de inseguridad jurídica que está afectando el trámite de los procesos disciplinarios, así como los derechos constitucionales y legales de los contadores públicos colombianos.
La NIA 805 hace parte de las normas de consideraciones especiales. Esta debe ser implementada por el revisor fiscal ante una auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o partida específicos de este, tales como las cuentas por cobrar, inventarios, activos biológicos, etc.
En 2018, algunos contribuyentes tuvieron que empezar a facturar electrónicamente. El número de obligados aumentará a partir de 2019. Esto implica varios retos para los contadores pues deberán conocer en detalle los procesos de las empresas y estar al tanto de los recursos tecnológicos disponibles.
Los miembros de la familia, cuando recurren a la consultoría, generalmente están pensando en las reglas que deberán ser aceptadas por todos a conveniencia del fundador, antes que pensar en definir reglas sobre el funcionamiento de la empresa, cuando debe ser este último el principal objetivo.
Una contabilidad basada en principios no se compromete con plazos determinados, el juicio de los empresarios hará que se asuman las tareas cuando resulten apropiadas. A pesar de lo anterior, hay profesionales que creen que las nuevas normas obligan a las empresas a obrar de maneras predeterminadas.
El término de cinco (5) años de prescripción de la facultad sancionatoria previsto en el Estatuto Tributario no puede ser aplicado al proceso administrativo sancionatorio de competencia de la Junta Central de Contadores, por tratarse de normas especiales diferentes.
Existe una diferencia entre las notas y las revelaciones a los estados financieros. En este editorial el contador público, Diego Fernando Hernández, expone su opinión sobre los requerimientos de los Estándares Internacionales con relación a las notas y los aspectos que considera necesitan un mayor apoyo técnico.
Las medidas anticorrupción deben estar dirigidas al correcto funcionamiento de la administración del ente económico y no a quienes prestan servicios a dicho ente, pues que la administración tome decisiones que violan la ética y/o la ley no quiere decir que sus asesores también lo hayan hecho.