La Contraloría General de la República publicó el informe de auditoría al Balance General de la Nación y de la Hacienda Pública, correspondiente al año 2016, en el cual incluye el respectivo dictamen para cada uno de ellos. En este editorial se exponen algunas de las cifras del informe.
La reforma tributaria contempló que la contabilidad bajo Estándares Internacionales servirá de punto de partida para la depuración de la base fiscal. En un proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda se propone que la conciliación fiscal estaría compuesta por un control de detalle y un reporte.
Se pretende seguir con el esquema en el cual el supervisor es regulador y este a su vez interviene en decisiones que deberían ser tomadas por los órganos de administración de las sociedades. Hay muchos que le atribuyen a este modelo cierta fortaleza del sector financiero en Colombia.
La simple adopción de un control interno, no lo hace adecuado. Puede haber medidas torpes, equivocadas, deficientes. Se necesitan buenas medidas y hay que aplicarlas.
No tendremos dos contabilidades: una regida por los marcos técnicos contables, según sea el grupo, y otra para propósitos tributarios en la que no se reconocen ciertos criterios contables
La información que se obtenga en libros como resultado del reconocimiento contable bajo Estándares Internacionales puede generar diferencias de la base fiscal; ante esto, el gobierno ha prescribe que se lleve un registro de estas diferencias como conciliación fiscal.
Mediante proyecto de decreto publicado el 04 de agosto el Gobierno propone integrar simultáneamente los sistemas de información contables bajo Estándares Internacionales con los ajustes que explican las diferencias fiscales, esto debido a la conciliación fiscal que introdujo la reforma tributaria.
En los procesos de investigación a contadores, la doble instancia juega un rol trascendental. Además, lo más justo sería que dichas investigaciones estén a cargo de las superintendencias y que la emisión de juicios, junto con sus respectivas apelaciones, en manos de la Junta Central de Contadores.
En nuestra cultura legislamos para asegurar el comportamiento de los funcionarios públicos, más que para orientar la conducta del sector privado.
Tenemos una profesión contable que se olvidó de leer a los clásicos de la contabilidad financiera y que escondió a sus practicantes detrás de muchos trámites documentales de sesgo tributario.