La Supersociedades emitió la Resolución 514-000549 de 2018, por la cual hace oficial el monto de la contribución del año en curso, a cargo de las sociedades vigiladas y controladas que se encuentren en condiciones normales de operación, así como aquellas que se encuentren en procesos de insolvencia, reorganización y/o liquidación.
Por lo anterior, dichas entidades sometidas a control y vigilancia por parte de la Supersociedades deberán pagar 14 centavos por cada $1.000 en activos, lo cual implica una disminución de 8,9 % frente a lo que se desembolsaba el año pasado, cuando la contribución era de 15,37 centavos por cada $1.000 de activos totales.
Por otro lado, en la presente normatividad se estipula que las sociedades sometidas al régimen de insolvencia deberán pagar la tarifa mínima, la cual equivale a un salario mínimo legal vigente ($781.242).
La Agencia Nacional de Hidrocarburos –ANH– emitió la presente resolución, por la cual concede un plazo de 10 días hábiles para que los operadores presenten las observaciones y objeciones del comunicado emitido por la entidad, en el que se informa la aceptación o no de las solicitudes para acceder al incentivo del certificado de reembolso tributario –CERT–.
En la presente norma también se precisa que los 15 días hábiles que tiene la ANH para informar a los operadores el orden de selección, puntajes y monte del CERT asignado, deberá contarse a partir del día siguiente en que se vence el plazo para que los operadores emitan las presentaciones y objeciones frente al comunicado de dicha entidad.
La Dian emitió la Resolución 5244 de 2018, “por la cual se modifica la Resolución 000020 de 2017 que reglamentó el artículo 49 del Decreto 2147 de 2016”, aclarando así las infracciones que evaluará la Dian para otorgar visto bueno en las solicitudes de declaratoria de una zona franca.
Mediante la Resolución 000020 de 2017, se creó el comité para la evaluación del comportamiento tributario, aduanero y cambiario de la persona jurídica, y los representantes legales y de junta directiva de la empresa solicitante de la zona franca, con respecto a las infracciones establecidas en la presente norma, que hayan sido cometidas en los cinco años anteriores a la solicitud.
La Unidad de Pensiones y Parafiscales emitió la presente resolución, por la cual desarrolla y fija el contenido, condiciones y características técnicas que debe cumplir la información que suministren los aportantes empleadores y/o cooperativas, sean personas naturales y/o jurídicas, obligadas o no a llevar contabilidad.
Los sujetos requeridos por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, deberán presentar un “reporte de nómina detalla por el trabajador activo o retirado, balance de prueba, auxiliares contables, auxiliares cuentas contables grupo activo relacionados con pagos a trabajadores y/o asociados, auxiliares cuentas contables grupo pasivo relacionados con pagos a trabajadores y/o asociados”, entre otros documentos, los cuales se deben presentar con el contenido y características técnicas establecidas en la presente resolución.
La Superintendencia Financiera de Colombia expidió el 28 de junio de 2018 la Resolución 0820 de 2018, por medio de la cual certifica el interés bancario corriente para el siguiente período, comprendido entre el 1 y el 31 de julio de 2018 para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, y entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2018 para la modalidad de microcrédito.
Con la presente resolución se certifica el interés bancario corriente efectivo anual para la modalidad de crédito de consumo y ordinario en 20,03 %, evidenciándose así una disminución significativa de 0.25 % en relación con la certificación del período anterior; y siendo la tasa de usura para el mismo de 30,05 %.
El interés remuneratorio y moratorio no podrá exceder en 1.5 veces el interés bancario corriente, es decir, el 30,05 % EA para la modalidad de crédito de consumo y ordinario, y el 55,22 % EA para la modalidad de microcrédito.
Para efectos tributarios, es importante tener presente que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos. En consecuencia, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante el mes de junio de 2018 es 28,05 %.
Mediante la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección Social establece las condiciones para la autorización y habilitación de las personas jurídicas que operaran el aseguramiento en salud, así como las entidades responsables de dicha operación.
Dentro de las condiciones para habilitar las EPS, se encuentran: demostrar capacidad técnico–administrativa, tecnológica y científica; y cumplir con los requerimientos del manual de criterios y estándares, el cual se encuentra dividido en 14 grupos, así:
Sistema general de riesgos.
Afiliación y libre elección en el SGSSS.
Sistema de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y tutelas.
Atención de usuario e información para el afiliado.
Autorización de servicios médicos, medicamentos e insumos.
Fortalecimiento de cultura de la seguridad social.
Gestión del talento humano.
Tecnologías de información.
Red integral de prestadores de servicios de salud.
Gestión de la salud pública.
Condiciones financieras de la entidad y gestión de los recursos del SGSSS.
Recaudo, compensación de aportes y liquidación de prestaciones contributivas.
Contratación y pago de servicios.
Gobierno organizacional.
Mediante la presente resolución, el Ministerio de Salud y Protección establece el procedimiento para el reporte de información y aplicación de recursos de aportes patronales del Sistema General de Participación por parte de las Administradoras de Fondos de Pensiones, que demuestren deudas hasta del 75 % del aporte de los trabajadores de las empresas sociales del Estado –ESE–.
Según lo estipulado en la norma, la AFP contará con 5 días hábiles después de la expedición de esta, para reportar la información a través de la plataforma de intercambio de información PISIS del sistema integral de información de la protección social –SISPRO–.
Según lo estipulado en la presente norma, es función de los profesionales de la salud prescribir las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC. Dicha prescripción debe ser reportada de forma oportuna, clara, y debidamente justificada con información pertinente y útil, de acuerdo con el estado clínico, el diagnóstico y la necesidad del usuario.
Cabe resaltar que las EPS deben garantizar, a través de la red de prestadores o proveedores definida, el suministro oportuno de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC.
El pasado 02 de mayo de 2018, la Dian publicó la resolución 000027 de 2018, por la cual se establece la obligación de presentar la declaración de importación anticipada para unas mercancías, ya que, por la coyuntura nacional e internacional en el mercado del acero y aluminio, se hace necesario controlar la llegada de estas mercancías al territorio nacional, evitando así distorsiones en el mercado interno, que, a su vez, afecten la cadena productiva y la exportación de productos.
En virtud a la dinámica del mercado del acero y el aluminio, se debe mitigar el impacto generado sobre algunas modalidades de importación y operaciones de comercio exterior vigentes, por lo cual mediante la Resolución 000035 de 2018 la Dian excluye 12 partidas arancelarias de la obligación de presentar declaración anticipada, modificando así el artículo 1° de la Resolución 000027 de 2018.
A través de la Resolución 169 de 2018, la Contaduría General de la Nación –CGN– prorroga el plazo para que las entidades de Gobierno reporten la información correspondiente al boletín de deudores morosos del estado, al 31 de mayo de 2018. Para ello, se analizaron las circunstancias especiales del proceso de transición y de cada solicitud de prórroga presentada por las entidades, para el reporte de la categoría Boletín de Deudores Morosos del Estado.
Dicha información, deberá ser presentada por las entidades de Gobierno hasta el 30 de junio de 2018. La presente norma rige a partir de la fecha de su expedición y publicación.