Mediante la cual se reglamenta el procedimiento de los «procesos disciplinarios» adelantados por el Tribunal Disciplinario de la UAE Junta Central de Contadores, se derogan las resoluciones 123 de 2014 y 1280 de 2016, y se dictan otras disposiciones.

Mediante el artículo 9 de la Ley 1314 de 2009 se ratificó que la Junta Central de Contadores continuaría actuando como Tribunal Disciplinario y Órgano de Registro de la profesión contable, incluyendo dentro del ámbito de su competencia a los contadores públicos y a las demás entidades que presten sus servicios al público en general propios de la ciencia contable como profesión liberal. Posteriormente, a través del Decreto 1955 de 2010 se estableció que sería la misma Junta Central de Contadores la encargada de fijar el procedimiento técnico para las candidaturas y elecciones de quienes conformen dicho tribunal. Por lo anterior, y considerando la necesidad de establecer el procedimiento técnico para la elección del representante de las instituciones de educación superior, el 1 de agosto de 2017 la Junta Central de Contadores expidió la Resolución 000-0665 con la cual reglamenta el procedimiento técnico para la elección de dos de los miembros del Tribunal Disciplinario de la Unidad Administrativa Especial, Junta Central de Contadores para el período 2018–2021.

La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución 46528 del 1 de agosto de 2017, a través de la cual se modifican algunos numerales en el capítulo sexto del título I y en los capítulos primero, quinto y sector del título X de la Circular Única, en lo relacionado con notificaciones y comunicaciones en materia de propiedad industrial. Lo anterior obedece a la necesidad de precisar la obligatoriedad del pago de la tasa de modificaciones realizadas por el solicitante al capítulo descriptivo, o reivindicatorio de la solicitud de patente, que no se realicen como consecuencia de los requerimientos tratados en los artículos 39 y 45 de la Decisión 486 de 2000 realizados por la entidad o que se realicen con la presentación de un recurso.

Considerando que las empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público actúan como parte demandante o como parte demandada en procesos que buscan el reconocimiento del derecho para quien demanda (los cuales se resuelven mediante procesos judiciales y mecanismos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje y la conciliación extrajudicial), y que como medida cautelar pueden ser embargadas las cuentas bancarias de estas empresas a fin de garantizar el pago de las sentencias judiciales cuando los procesos judiciales son en contra de la entidad, la Contaduría General de la Nación expidió la Resolución 310 del 31 de julio de 2017 para incorporal al marco técnico normativo de estas empresas el procedimiento contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, y modifica el Catálogo general de cuentas de dicho marco normativo.

La Superintendencia de Puertos y Transporte expidió la Resolución 34351 del 26 de julio de 2017, con la cual suspende para las entidades que se encuentran bajo su vigilancia y control la obligación de de reportar la información financiera correspondiente a la vigencia 2016. Lo anterior es consecuencia de la necesidad de realizar ajustes al Sistema Nacional de Supervisión al Transporte (Vigía), que permite recopilar la información de los supervisados pertenecientes a los grupos de reporte de información financiera 1, 2 y 3, con el objeto de facilitar el reporte de la información y fortalecer los protocolos de seguridad; dichas suspensión se mantendrá hasta que se culminen las acciones correspondientes.

Por la cual se amplía el plazo de reporte de información financiera para las entidades clasificadas en el grupo 1, 2 y 3 establecido en el artículo 4 de la Resolución 27581 del 22 de junio de 2017.

El 21 de julio de 2017 la Superintendencia de Sociedades expidió la Resolución 515-000738 mediante la cual establece la tarifa de la contribución a cobrar a las sociedades que se encuentran bajo su vigilancia, señalada en el artículo 44 de la Ley 1429 de 2010, el cual modificó el artículo 121 de la Ley 1116 de 2016. De acuerdo con la resolución, la tarifa de la contribución correspondiente al año 2017 será de quince treinta y siete centavos ($0.1537) por cada mil pesos ($1.000) de activos totales. El monto total en ningún caso podrá exceder del 1 % del total de las contribuciones, ni ser inferior a un (1) salario mínimo legal mensual vigente. El pago se deberá realizar dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la fecha de expedición de la cuenta de cobro.

A través de la expedición de la Resolución 000042 del 11 de julio de 2017 la DIAN modifica la Resolución 000112 del 29 de octubre de 2015, la Resolución 000084 del 30 de diciembre de 2016 y la Resolución 000068 del 28 de octubre de 2016, con el propósito de actualizar los contenidos y conceptos de la información a reportar por la Sociedad Administradora del Depósito Centralizado de Valores –Deceval– y reemplazar las especificaciones técnicas de la información del impuesto predial para los años gravables 2016 y 2017 para facilitar la presentación y el uso de esta información. Junto con dicha resolución fueron publicados los anexos 1 y 2, correspondientes al formato 2273 versión 2 (Depósitos de títulos valores y rendimientos o dividendos cancelados), y al formato 1476 versión 9 (Información predial).

Mediante la Resolución 000041 del 30 de junio de 2017, la DIAN fijó el procedimiento que deben seguir los obligados a preparar y presentar anualmente la documentación comprobatoria relativa a cada tipo de operación con la que demuestren la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia, correspondiente al año gravable 2016 o a la fracción del año gravable 2017. Para cumplir con esta obligación, deberán utilizar los servicios informáticos electrónicos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, y a través del menú ‘presentación de información por envío de archivos’ haciendo uso del mecanismo de firma Electrónica, cargar el formato 1729 V- 6, anexo de la citada resolución.

A través de la Resolución 0907 del 30 de junio de 2017, la Superintendencia Financiera fijó en un 21,98 % efectivo anual el interés bancario corriente para la modalidad de crédito de consumo y ordinario; dicha tasa regirá para el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 20 de septiembre de 2017. Así pues, la tasa de usura queda establecida en 32,97 %, cifra que resulta de multiplicar 21,98 % * 1,5 como lo indica la norma. Para efectos tributarios, es importante tener en cuenta que el artículo 635 del ET señala que el interés moratorio se liquidará diariamente a la tasa de interés diario que sea equivalente a la tasa de usura vigente determinada por la Superintendencia Financiera de Colombia para las modalidades de crédito de consumo, menos dos (2) puntos; en en ese orden, la tasa de interés de mora para deudas tributarias durante el trimestre julio-septiembre de 2017, sería la siguiente: 32,97 – 2 = 30,97%.