¿Contadores públicos se hacen los de la «vista gorda» frente a actos corruptos?

Nancy Cañón Suavita, Álvaro Fonseca Vivas y Jeisson Ramírez Morales opinan sobre el comportamiento ético que debe caracterizar a los profesionales contables. Señalan que quedarse callados frente a los actos de corrupción es una vía para que los fraudes y delitos se fortalezcan.

En Colombia constantemente hay hallazgos de hechos corruptos, los cuales van desde «triquiñuelas» que realizan los ciudadanos de a pie con el objetivo de no cumplir las reglas, evadir impuestos y alterar documentos, hasta los grandes escándalos de evasión que desangran al Estado, lo que impide atender las necesidades vitales en salud, educación e infraestructura de los colombianos, quienes superan los 45 millones de habitantes. Por lo anterior, los más de 253.000 contadores públicos que hoy existen en el país[1] deben dejar clara su posición en contra de la corrupción.

“Hasta hace poco un contador público se limitaba al registro de la actividad empresarial. Hoy, con la entrada en vigor de los cambios normativos contables es una figura estratégica y gerencial, lo cual, más que en cualquier otro momento de la historia, requiere excelentes habilidades técnicas. Pero, por encima de todo, implica un comportamiento ético ejemplar”, afirma Nancy Cañón Suavita, decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad de La Salle.

Álvaro Fonseca Vivas, contador público y revisor fiscal con experiencia en auditoría financiera, forense y de gestión destaca lo mencionado desde la Ley 58 de 1931 y la Ley 73 de 1935. «La función del revisor fiscal, figura que respalda ante la sociedad, el Estado, futuros inversionistas, empleados, entre otros, es dar fe pública y atestar sobre los actos que realiza la administración de las organizaciones», recalca en diálogo con Actualícese.

Dentro del papel del revisor fiscal está mencionar los aspectos que no cumplan o estén tipificados como prohibidos por la ley; lo mismo que el contador público, cuyas funciones y su Código de Ética le exigen comunicar aquellos aspectos que se encuentran al margen de la ley.

Pese a lo anterior, desde el punto de vista de Fonseca Vivas, nos hemos acostumbrado a dejar que las cosas pasen, hacernos “los de la vista gorda”, o lo que es peor, ser parte de ello y no decir nada por miedo a represalias, con lo que ayudamos a fortalecer los fraudes y delitos. «Por lo tanto, esto fomenta la corrupción al interior de las empresas donde se trabaja, aunque esto conlleve inconvenientes en el aspecto laboral», dice él.

“Hacerse el de la vista gorda es tener una participación pasiva en los actos delictivos y, dependiendo de cada situación, este tipo de profesionales podrían incluso verse involucrados en procesos de tipo penal», afirma Jeisson Ramírez Morales, contador público y representante legal de Touché Asesores SAS, en entrevista con Actualícese.

Ramírez Morales indica que hay diversos motivos para que un contador o revisor no denuncie. El primero está relacionado con el temor que surge al considerar la posibilidad de que los presuntos implicados en dichas actuaciones puedan enviar amenazas o tomar represalias. El segundo, con el miedo a no recibir el suficiente apoyo por parte del gremio de contadores. El tercero se trata del costo de oportunidad económica que enfrentará quien hace la denuncia, puesto que seguramente deberá renunciar a la empresa. Esto último se resume en la desazón de tener que asumir una disminución de ingresos y, para algunos, también la angustia de creer que no se conseguirá un trabajo pronto o definitivamente.

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[1] Según datos de la Junta Central de Contadores al 29 de abril de 2019.