Contaduría General de la Nación: todo comenzó con la Ley 298 de julio 23 de 1996

Actualícese se une a la celebración de los 20 años de la Contaduría General de la Nación. Hoy destacamos la ley con la cual nació la entidad y algunos cambios, que se han dado a través de los años, y que han llevado al mejoramiento de la calidad contable nacional.

En 1996, bajo el mandato del presidente Ernesto Samper Pizano, el Congreso de la República aprobó la Ley 298 de julio 23, con la cual se crea la Contaduría General de la Nación –CGN–.

El artículo 1 de dicha ley ordena: “A cargo del Contador General de la Nación, créase la Contaduría General de la Nación como una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio de hacienda y Crédito Público, con Personería Jurídica, autonomía presupuestal, técnica, administrativa, y regímenes especiales en materia de administración de personal, nomenclatura, clasificación, salarios y prestaciones”.

La ley le asigna a la CGN funciones como…

1. Determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad, que deben regir en el país para todo el sector público.
2. Establecer las normas técnicas generales y específicas, sustantivas y procedimentales, que permitan uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad pública.
3. Llevar la contabilidad general de la Nación, para lo cual expedirá las normas de reconocimiento, registro y revelación de la información de los organismos del sector central nacional.
4. Elaborar el balance general, someterlo a la auditoría de la Contraloría General de la República y presentarlo al Congreso de la República, para su conocimiento y análisis por intermedio de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, dentro del plazo previsto por la Constitución Política.
5. Adelantar los estudios e investigaciones que se estimen necesarios para el desarrollo de la ciencia contable.

Las competencias asignadas a la Contaduría General de la Nación tienen el propósito de complementar las funciones constitucionales del Contador General de la Nación, y que tienen que ver con la reglamentación de elementos específicos de la contabilidad pública, la cual ha sido definida en el artículo 10 como aquella que “comprende, además de la contabilidad general de la Nación, la de las entidades u organismos descentralizados, territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y la de cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y sólo en lo relacionado con éstos”.

Mejorando la calidad contable nacional a través de los años

Por otra parte, la Ley 298 le confiere a la entidad una mayor autonomía y recursos financieros para su funcionamiento, lo cual le da más posibilidades de desarrollar eficientemente su competencia constitucional.

Los Contadores Generales de la Nación que han representado jurídicamente la entidad se esfuerzan por mejorar la calidad de la información contable, bajo la base de que la información contable será más útil para sus múltiples usuarios en la medida que la misma represente fielmente la realidad económica y financiera de las entidades que se encuentran en la órbita de su regulación.

Este es el fundamento que soporta la estructuración y desarrollo del Sistema Nacional de Contabilidad Pública en el país, el cual se encuentra sistemáticamente planteado en el entramado de conceptos de los instrumentos normativos de este sistema contable.

Para darle un espaldarazo argumentativo a lo anterior, a través de los años la entidad ha expedido gran cantidad de normas con el fin de mejorar la calidad de las representaciones contables de estas operaciones. Entre muchas otras modificaciones, se resaltan las que se concretaron mediante la Resolución 400 del 2000, la cual introdujo cambios importantes, como es el caso de los relacionados con la preparación de información para las estadísticas de las finanzas públicas.

Con el fin de aumentar la calidad de la información contable, el Congreso de la República expidió la Ley 716 del 2001, la cual ordenó el saneamiento o depuración de saldos contables no razonables existentes en el balance general de las entidades públicas.

En el 2007 se expidió la Resolución 354, con la cual se adopta el régimen de contabilidad pública y lo estructura en tres componentes: el plan general de contabilidad pública, el manual de procedimientos contables y la doctrina contable pública. Este instrumento normativo, además de tener una nueva estructura, introduce cambios de criterios que se fundamentaron en los Estándares Internacionales expedidos por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, lo cual significó un avance representativo del modelo contable local en el sentido de un mayor acercamiento a los modelos de contabilidad internacional.