Control político y contabilidad – Iván Jesús Castillo Caicedo

Asistí, una vez más, a un debate de control político de la Comisión Legal de Cuentas –CLC– de la Cámara de Representantes del Congreso de la República, realizado en el mes de septiembre de 2018 a la empresa Reficar, en el cual se buscaba explicación sobre la opinión negativa a los estados financieros de 2017, expresada por la Contraloría General de la República –CGR– en el informe de auditoría financiera.

Al debate fueron citados directivos de la empresa y de Ecopetrol como matriz o controlante, el contralor general de la república, el ministro de hacienda y crédito público, el auditor general de la república, el procurador general de la nación y el contador general de la nación. Como he observado la mayoría de las veces, los altos dignatarios del sector público no asisten a estos debates y citaciones, y en su lugar delegan en funcionarios subalternos su participación, a excepción del contador general, quien siempre está presente.

El debate inicia con la presentación de la empresa Reficar respecto a los antecedentes y las razones que subyacen en la opinión negativa a los estados financieros proferida por el organismo de control, la cual no es compartida por la empresa, por las siguientes razones:

• La CGR señala en su informe que Reficar en 2016 capitalizó o incorporó como parte del costo de las propiedades, planta y equipo erogaciones realizadas que no debían, sino que debían ser reconocidas como gastos en el resultado del período, por un valor aproximado de 2,9 billones de pesos, lo que sobrestimó en dicho monto estos activos, quedando como un hallazgo en dicho año.
• Entre 2014 y 2016 la empresa reconoció pérdidas por deterioro del valor de las propiedades, planta y equipo, por valor superior a los dos billones de pesos; en 2017 realizó una reversión de este deterioro por valor de 1,5 billones de pesos, contabilizada como ingreso de este período, situación que trae como resultado una utilidad neta al final de dicho año correspondiente a 4.800 millones de pesos.

Esta actuación contable de la empresa es objetada por la auditoría del organismo de control fiscal, por considerar que el valor de la reversión del deterioro no estuvo bien calculado, pues el “valor recuperable” determinado para los activos y las variables financieras utilizadas para el cálculo del “valor en uso” no atendían las realidades del negocio, y que el propósito, al final, fue mostrar una utilidad ficticia que, de no mediar tal reversión, hubiese sido una pérdida contable significativa para la empresa.

Como era de esperarse, Reficar, a través de su presidente y su contador, defendió con argumentos técnicos la actuación contable de la empresa de capitalizar los 2,9 billones de pesos al costo de los activos, en aplicación de la NIC-16, al igual que el proceso seguido para determinar el valor en uso de los activos deteriorados previamente.

Se indicó que este proceso fue revisado y avalado por firmas internacionales y por la revisoría fiscal, institución que expresó un dictamen limpio o sin salvedades a los estados financieros de la empresa en 2017.

En su turno, el funcionario delegado por la CGR, quien dirigió el proceso auditor, defendió la actuación objetiva de la entidad y del equipo de trabajo, señalando que lo realizado se enmarca en los estándares de la guía de auditoría institucional, referente de las normas de la INTOSAI. Sostiene que la empresa capitalizó en el costo de los activos erogaciones inexistentes y gastos desproporcionados, que no atienden las normas contables, situación que hoy se encuentra en investigación con incidencia fiscal. Señaló, además, que Reficar debió realizar en 2017 el ajuste contable, disminuyendo el valor de los activos en el valor capitalizado, para posteriormente debió afectar el gasto, situación que no ocurrió.

La CGR ratifica que las variables utilizadas por Reficar para el cálculo del valor en uso de las propiedades, planta y equipo que había deteriorado en años anteriores fueron muy “alegres” y “demasiado optimistas”, lo cual generó que al determinar el valor recuperable este fuese superior al valor en libros y, por tanto, el registro contable de reversión del deterioro de períodos anteriores afectara los ingresos del período, situación que influye decididamente en que la empresa presentara utilidades.

Ecopetrol, como matriz del grupo económico, respaldó al 100% la actuación de su filial (Reficar), bajo el argumento de que, como grupo y empresa listada en la Bolsa de Colombia y de New York, la SEC exige la mayor transparencia contable, y en este caso en particular han prestado todo el apoyo a las autoridades y han buscado que firmas internacionales revisen esta actuación contable, concluyendo que todo se ajusta a la normatividad contable vigente.

Las intervenciones de algunos congresistas de la CLC se limitaron a señalar situaciones ya conocidas por la opinión pública sobre Reficar, relacionadas con los sobrecostos de la refinería y el detrimento patrimonial encontrado por la CGR. Sin embargo, algunos también cuestionaron el proceder de la auditoría, quienes ven un sesgo, quizá “político”, en esta actuación.

Es de entender que se trata de un tema técnico-contable que no aguanta un debate desde lo político, pero que es muy difícil de superar en este escenario. Por ello, todo quedó en las defensas de cada uno en lo que hizo, pero al final ¿quién tiene la razón?

No es la primera vez que se presenta este tipo de discrepancias entre opiniones de la revisoría fiscal y el control fiscal, y a pesar del debate y de las explicaciones mutuas se queda el sinsabor de… ¿qué sigue?

Desde lo jurídico, surgen interrogantes: ¿quién controvierte las actuaciones de la CGR? ¿Fue un asunto político? ¿Fue bien aplicada la norma contable? ¿Fue una contabilidad engañosa?
He ahí el dilema, y ¡qué dilema!

Iván Jesús Castillo Caicedo
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 3900 y 3901, octubre 22 de 2018