Declaratoria de insubsistencia
La insubsistencia puede entenderse como una causal de retiro de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa; esta se produce por la discrecionalidad de remoción que tiene una autoridad nominadora, para cesar el vínculo de un servidor con el empleo.
La insubsistencia es una causal autónoma de retiro del servicio aplicable para quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa; esta se produce por la facultad discrecional de remoción de la que están investidas las autoridades nominadoras, con el propósito de hacer cesar la vinculación con el empleo para el cual un servidor fue designado.
Para los empleados que se encuentran vinculados por el régimen de libre nombramiento y remoción, dicha declaratoria descansa en el poder discrecional del agente nominador que designa al funcionario, cuyo límite solo se encuentra en los fines que la ley imponga al servicio que se presta; así las cosas, la remoción de los empleados siempre tiene que obedecer al mejoramiento del servicio público.
Una declaración de insubsistencia podrá entenderse como motivada cuando las calidades del empleado que se nombró permiten ver, sin mayor dificultad, que el servicio que se está prestando podría encontrarse mejor garantizado y ser más eficaz bajo la dirección de una persona mejor calificada; es decir, que el reemplazo de un empleado por otro no tendrá otra finalidad que el mejoramiento de las condiciones de la función pública, no existiendo así causales para el ejercicio de dicho poder discrecional del nominador.
Abuso de la discrecionalidad
Existen eventos en que la remoción de un funcionario vinculado por libre nombramiento y remoción no obedece al fin descrito de la función pública, es decir, al mejoramiento de la calidad en la prestación del servicio, sino que, por el contrario, denota un ejercicio arbitrario del poder discrecional otorgado por la ley; cuando esto sea así, podrá hablarse de la desviación de poder como la forma que tiene el funcionario de atacar el acto de remoción investido de presunción de legalidad.