Dialogo sí, pero con límite

Las recientes manifestaciones de ciudadanos representando a todos los sectores del país, realizadas en varias de las principales ciudades, nos están dando un mensaje muy claro de una mesa de negociación informal instalada en todo el territorio nacional, en la cual el pueblo pide que, ante la gravedad de los hechos que se vienen presentando, se respeten como prioritarios los derechos fundamentales a la vida, al trabajo, a la libre locomoción, a la salud, etc.; sin embargo, estos se ven afectados por marchas o protestas de diferentes colectivos que se desbordan en la búsqueda de intereses políticos ejerciendo una legitimidad y representación precarias.

Algunos ciudadanos plantean en esta mesa de negociación que la autoridad intervenga de manera contundente en el levantamiento de los bloqueos para que las vías, que constituyen el torrente circulatorio del territorio nacional, no se paralicen indefinidamente con las graves consecuencias que esto ya está generando para todos sin discriminación de situación y/o clase social.

Se pide con angustia el respeto y respaldo a la fuerza pública en su misión de garantizar la primacía del orden, el derecho y la institucionalidad, y que se planteen unos ideales de unidad, solidaridad e integración en la búsqueda del interés común de sacar adelante a Colombia, superando las dificultades y problemas que tenemos, que no son pocos, pero que, con destruir, lo que estamos logrando es profundizar la crisis y la pobreza.

El único camino es construir, unirnos bajo la misma consigna: Colombia. Los diálogos se están diluyendo en una mesa de negociación que no representa al país, con dificultades de llegar a acuerdos lógicos y viables, con unas exigencias, algunas ya cumplidas como el retiro de la reforma tributaria y al régimen de salud, y otras que desbordan cualquier posibilidad, como el pliego de 88 mil millones de pesos, lo que va unido a la convocatoria de paros periódicos que paralizan el país y que se han convertido en caldo de cultivo para la propagación del COVID-19, que está superando cualquier previsión, hacen prácticamente imposible llegar a una solución.

Nadie está obligado a lo imposible, y la autoridad legítimamente constituida, que representa y está comprometida con los intereses de la nacionalidad, debe actuar con la claridad de que el proceso de negociación tiene sus límites en los derechos fundamentales y en todo aquello que atente contra la normal convivencia ciudadana que la constitución protege y la autoridad debe garantizar.

Para salir adelante como país debemos apoyar la reactivación económica que nos permitirá dar respuestas al empleo y a los recursos requeridos para los programas sociales, y así avanzar todos en el mismo curso.

Miguel Pérez García
Presidente Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales
Acoset