Entre el salario y el costo de las erogaciones que la ley exige hay un gran margen
No les falta razón a quienes sostienen que lo principal en nuestro país es asegurar un empleo digno. El gran problema es que entre el salario y el costo total de las erogaciones que la ley exige en torno a este hay un margen grande pues, por lo general, el total de estas asciende al doble de aquel.
De acuerdo con el artículo de DLA Piper Australia, escrito por Jock McCormack, publicado por International Tax Review, Londrés (mayo 28 de 2021), titulado Business tax incentives announced in Australia’s 2021–2022 federal budget, los temas respecto de los cuales se propondrán beneficios serán: corporate collective investment vehicle, patent box regime, intangible assets, temporary levy on offshore petroleum production.
El artículo también destaca:
In particular, the Hon Justice Anthony Payne decided that the wind turbine generators and meteorological or monitoring masts on the windfarm, along with related infrastructure, were ‘tenant’s fixtures’ and thus constituted a legal interest in land, on which landholder duty was payable.
The concept of ‘tenant’s fixtures’ depends, among other things, on the intention and degree of annexation of the relevant plant and equipment, and also has broader potential income tax consequences, in addition to stamp duty. The principles discussed in this case also have broader application to other plant and equipment and related infrastructure assets.
Este es un momento en el cual las comunidades humanas y sus actividades económicas necesitan recobrar su productividad. Existen varias vías para lograrlo. En muchos países, como bien podría pasar en Colombia, se acude a las leyes del plan y las presupuestales más que a las leyes tributarias, que en otro momento tuvieron un papel muy importante en la generación de estímulos.
En primer lugar es necesario considerar la radiografía del aparato socioeconómico de nuestro país, en el cual existen, a lo mejor parcialmente traslapados, un 50 % de informalidad, el mismo porcentaje de pobreza o vulnerabilidad, unas muy pequeñas cantidades de personas de los estratos 5 y 6, más de un 90 % de pymes y más de un 70 % de empresas familiares.
No les falta razón quienes sostienen que lo principal en nuestro país es asegurar un empleo digno. El gran problema es que entre el salario y el costo total de las erogaciones que la ley exige en torno a este hay un margen grande pues, por lo general, el total de estas asciende al doble de aquel. Mientras esto siga siendo así será muy difícil desmontar la informalidad y poner a descubierto a los refugiados en ella para realizar actividades ilícitas.
El camino no es deteriorar el estado de los trabajadores, como sucedió con la reforma de las horas extras y de las indemnizaciones por despido injusto. Es posible que un elemento que complica el escenario sean las tasas y las contribuciones soportadas por los agentes económicos, sin que estas respondan realmente a su capacidad contributiva.
Recordemos que el Estado no fue capaz de cumplir con sus obligaciones pensionales, generando el inmenso problema que aún hoy vivimos. Esto fue posible gracias al uso de modelos presupuestales que no registraron debidamente los pasivos y a la flexibilidad para asumir endeudamiento, como nos acaba de ocurrir. El papel aguanta todo y el pueblo se da cuenta tarde.
Hernando Bermúdez Gómez
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones.
Número 5942, julio 05 de 2021.