La inseguridad que rodea la información que debe enviarse a la DIAN – Hernando Bermúdez Gómez
Las constituciones modernas confieren al Pueblo muchas atribuciones, menos las de sentar su posición en materia tributaria. De esta manera, los contribuyentes poderosos, que tienen una influencia significativa en el Congreso, son los únicos que tienen algún margen de maniobra.
Hay males que parece que nunca acabarán. Uno de ellos es la inseguridad que rodea la información que debe enviarse a la DIAN. Aunque ciertas puntadas se dieron en el año 2015, a punto de llegar a abril de 2017, esa autoridad proyecta reformar en parte las normas que regulan tal información para el año 2016.
Mientras muchos funcionarios del Gobierno, incluidos obviamente varios de la DIAN y otra gran cantidad de los ejecutivos de los contribuyentes se van tranquilamente a su casa a descansar, en muchas empresas los miembros del área contable deben asumir largas jornadas, en una carrera contra el reloj, que solo terminará cuando el servidor de la autoridad reciba la información.
Cuando éramos estudiantes compartimos el criterio según el cual el Estado tiene todas las potestades imaginables, siempre que estén dentro de la Constitución. Hoy, a sabiendas de la forma gaseosa como se interpreta la Carta, ya no pensamos así. Un Estado no debiera poder actuar en forma irrazonable, menos cuando se trata de arreglar cosas que hizo mal.
Las constituciones modernas confieren al Pueblo muchas atribuciones, menos las de sentar su posición en materia tributaria. De esta manera, los contribuyentes poderosos, que tienen una influencia significativa en el Congreso, son los únicos que tienen algún margen de maniobra. Los demás son personas que deben soportar las tormentas, sin impermeable y sin que su malestar sea oído.
En muchas ocasiones datos que podrían haberse capturado de cierta manera desde un principio, tienen que identificarse y acumularse a última hora, cuando la autoridad tributaria resuelve pedirlos. Esto supone un sobrecosto, que, junto con otros, forma parte del impuesto real, que no solo consiste en la suma que hay que consignar a favor del Estado, sino en todos los costos (directos) que se originan en el cumplimiento de las obligaciones fiscales.
No todos se ponen tristes. Los fabricantes de programas computarizados se alegran porque cada cambio les trae nuevos ingresos. Los asesores tienen más consultas. Hasta los empleados saben que ello los fortalece, porque si no fuera por su titánico esfuerzo la entidad respectiva no podría cumplir. Finalmente, nadie reclama daños y perjuicios a la autoridad tributaria, que hace a todos incurrir en gastos como si nada de esto tuviese un valor económico.
Necesitamos muchas más voces independientes, que no vivan de atender clientes concretos y que no aspiren a ser autoridades. Necesitamos que todas estas cosas de última hora sean profundamente analizadas, de manera que sepamos si realmente son razonables. Necesitamos acostumbrarnos a opinar con base en evidencia y a tener la fortaleza de hablar de frente cuando las cosas no estén bien, cuando hubieran podido hacerse mejor, sin improvisaciones, sin decisiones de última hora, sin tener que rogar a Dios que el servidor conteste.
Hernando Bermúdez Gómez
Editor Contrapartida, Novitas, Registro Contable, Vademécum
Tomado de Contrapartida – De Computationis Jure Opiniones
Número 2695, abril 3 de 2017