[ORO] Poder para adelantar trámite de solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral
El siguiente formato es una guía para certificar el otorgamiento de un poder especial por parte de un poderdante, en el que autorice a su apoderado para iniciar y tramitar la solicitud de calificación de pérdida de la capacidad laboral ante la respectiva junta de calificación de invalidez.
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El siguiente formato es una guía para certificar el otorgamiento de un poder especial por parte de un poderdante, en el que autorice a su apoderado para iniciar y tramitar la solicitud de calificación de pérdida de la capacidad laboral ante la respectiva junta de calificación de invalidez.
La pérdida de capacidad laboral se determina evaluando el conjunto de competencias y destrezas cognitivas y motrices que tiene un empleado para desempeñar sus labores, luego de sufrir una incapacidad de origen común o laboral.
Esta pérdida de capacidad laboral se determina en porcentaje.
- Si se encuentra por debajo del 5 % no habrá lugar a indemnización ni pensión de invalidez.
- Si está entre el 5 % y el 49 %, se indemnizará según las reglas determinadas en el Decreto 2644 de 1994.
- Si es superior al 50 %, es posible que el trabajador obtenga la pensión de invalidez.
Dependiendo del origen de la incapacidad, la entidad que debe llevar a cabo la evaluación del porcentaje de pérdida de incapacidad podría ser: el fondo de pensiones, la entidad promotora de salud –EPS–, la administradora de riesgos laborales –ARL– o las compañías de seguros que sumen riesgos de invalidez y muerte.
Además, en los términos del artículo 41 de la Ley 100 de 1993, si el empleado no está de acuerdo con la calificación recibida, puede manifestar su inconformidad a la respectiva junta regional de calificación de invalidez para que realice una nueva calificación, la cual también podrá ser apelable ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez (ver el capítulo 1 del título 5 del Decreto 1072 de 2015).
Con base en lo anterior, hemos creado este formato como guía para que el mandante o poderdante pueda autorizar a su mandatario o apoderado para adelantar dicho trámite ante la correspondiente junta regional (o nacional, según sea el caso) de calificación de invalidez.