“Prevenir el lavado de activos es responsabilidad de todos”

En un país tan vulnerable como Colombia, se hace necesario que todos los empresarios permanezcan atentos a identificar la responsabilidad que tienen ante el lavado de activos y la financiación del terrorismo. En esta conferencia mencionamos algunos aspectos sobre dicho tipo de delitos.

El lavado de activos hace referencia a todas las acciones que dan apariencia de legalidad a los recursos obtenidos de forma ilícita. En la mayoría de países esta conducta se considera un delito y también se conoce como lavado de dinero, blanqueo de capitales, entre otros. Tal conducta y su respectiva penalización se encuentra incorporada en el artículo 323 del Código Penal. 

Se incurre en lavado de activos cuando una persona u empresa adquiere, resguarda, invierte, transporta, transforma, custodia o administra bienes que tengan origen ilícito. Este dinero proveniente de dicho tipo de actividades nunca será legal, así se haya conseguido incorporar en el sistema financiero para ocultar o encubrir su origen. 

Responsabilidad ante el lavado de activos 

El lavado de activos no solo proviene del narcotráfico sino también de actividades como el tráfico de armas, delitos contra la administración pública, extorsión, trata de personas, entre otros. Por tanto, la responsabilidad de prevenir el lavado de activos recae en las personas, entidades, Estado y organismos internacionales. 

Convenios y convenciones contra el terrorismo 

En busca de implementar medidas para eliminar el terrorismo internacional se crearon diferentes convenios y convenciones aprobadas por la Asamblea General de Naciones Unidas; entre estas se encuentran: 

• Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, realizado en Viena el 20 de diciembre de 1988. 
• Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, aprobado el 9 de diciembre de 1999. 
• Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos, suscrita en diciembre de 2000 en Palermo-Italia. 

• Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, aprobada el 31 de octubre de 2003. 

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