«Programas como BEPS y Colombia Mayor constituyen un estímulo a la informalidad»

Iván Jaramillo, investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, opina que al Gobierno se le hizo tarde discutir una reforma pensional, ya que la idea era hacerlo en marzo con las recomendaciones de la OCDE, y que lograr un consenso entre los diversos actores es un obstáculo.

El año está concluyendo y no hubo espacio para la tan solicitada y esperada reforma pensional. Para Iván Daniel Jaramillo Jassir, docente principal de la facultad de jurisprudencia de la Universidad del Rosario y miembro del observatorio laboral de esta institución, los costos políticos de una reforma pensional son muy grandes, al igual que las propuestas de revisión.

“Las reglas paramétricas o estructurales del sistema pensional no han logrado consensos entre los actores políticos, financieros, laborales y académicos que han determinado el naufragio de las diversas iniciativas que se han propuesto para la reforma pensional”, dice Jaramillo Jassir. 

Desde su punto de vista, una reforma pensional debe centrarse en la corrección de las disfuncionalidades en materia de sostenibilidad financiera, equidad y cobertura que se demuestra con el porcentaje que se maneja de afiliados cotizantes al sistema pensional, el cual es solo de un 30 % de la población ocupada. “El principal desafío para la corrección de los problemas del sistema pensional pasa por la formalización laboral que constituye el eje del sistema pensional”, afirma Jaramillo Jassir.

Para Jaramillo Jassir, fue un desacierto que la discusión sobre la reforma pensional, que era una prioridad en la agenda laboral de este año, no se diera, como se había pactado, en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales que se iba a dar en el mes de marzo, discusión que se suponía debía darse a partir de las recomendaciones hechas por la OCDE.

“Las recomendaciones indicaban el debilitamiento del régimen público de prima media y su progresiva sustitución por el sistema asistencial integrado por los beneficios económicos periódicos –Beps– y el programa Colombia Mayor, los cuales constituyen un estímulo a la informalidad que debe ser analizado para determinar la inconveniencia de la privatización del sistema pensional”, explica el investigador.

La edad, a la hora de pensionarse, es uno de los ítems que siempre se discuten y de los que más puntos de vista presenta. El pasado mes de enero, por ejemplo, Sergio Clavijo, presidente de Anif, dijo que esta entidad propone subir en cinco años la edad para pensionarse de los hombres (la cual quedaría en 67 años), en cinco la de las mujeres (es decir, 62 años), y dejar las semanas de cotización tal como están ahora (1.300 semanas); lo que quiere decir que los empleados seguirían trabajando 25 años para conseguir su pensión.

“En el 2014 las edades pensionales en el Régimen de Prima Media fueron aumentadas a 57 años mujeres y 62 para los hombres. La propuesta de aumento e igualación de edades debe ser evaluada, considerando los efectos de la referida medida contrastando los efectos de la expectativa de vida en el régimen de ahorro individual que determina para las mujeres mayores exigencias de acumulación de capital para acceder a la pensión de vejez”, explica Jaramillo Jassir.

Material relacionado

• [Entrevista] «No puede ser que todas las pensiones que da Colpensiones o el régimen de reparto tengan subsidios»
• [Entrevista] «La idea es que a partir del 2019 todas las personas coticen en los fondos privados»
• [Noticia] Más que una reforma pensional, urge un cambio integral del sistema de protección a la vejez