ARL han destinado $41.532 millones, en 15 días, a protección de personal de salud

Las ARL han adquirido 30 millones de elementos de protección personal que se han empezado a distribuir progresivamente. COVID-19 ya se considera como enfermedad laboral.

La semana pasada el Gobierno Nacional incluyó a las ARL como parte integral del paquete de ayuda para fortalecer el sistema de salud y definió que hasta el 7 % de las cotizaciones del sistema de riesgos laborales se utilizará para el suministro de elementos de protección para estos profesionales, priorizando a las IPS de las regiones más afectadas por el COVID-19.

En cumplimiento de lo decretado, las ARL han destinado un total de $41.532 millones de pesos para la adquisición de 30 millones de elementos de protección personal para los trabajadores de la salud, entre los que se encuentran: mascarillas, caretas de protección, respiradores N95, guantes (estériles y no estériles) y batas antifluido (Corte a abril).

Cabe aclarar que la adquisición y distribución de estos elementos de protección personal, que en condiciones normales le corresponde dotar al empleador, forman parte de un esfuerzo conjunto entre el Estado, las entidades territoriales, las entidades de salud y los empleadores, que se suma a las nuevas obligaciones que el decreto impuso a las ARL.

El presidente de Fasecolda, Miguel Gómez Martínez, señaló que uno de los principales inconvenientes para el mejor cumplimiento de esta obligación es la falta de disponibilidad de estos elementos en el mercado, lo cual implica la necesidad de recurrir a entregas parciales, con el fin de apoyar a los empleadores y contratantes para lograr un flujo permanente de estos elementos.

Adicionalmente, se han desarrollado campañas de promoción y prevención, tales como: capacitaciones masivas, piezas de comunicación, información publicada en las respectivas páginas web y acompañamiento a las empresas con campañas para la prevención de exposición ocupacional al Covid-19.

Por otra parte, el gremio propuso incluir el Covid-19 como enfermedad laboral, de reconocimiento directo. Esta propuesta, que se materializó con la expedición del Decreto 538 de 2020, cobijará a cerca de 690 mil trabajadores del sector de servicios sociales y salud afiliados al sistema de riesgos laborales (médicos, enfermeros, cuidadores de la tercera edad, servicios médicos y paramédicos domiciliarios, ayudas diagnósticas, laboratorios, análisis químicos, apoyos terapéuticos). También incluye al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad.

Fuente: Fasecolda.