Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Superintendencia Financiera recalca que en los esquemas piramidales y defraudatorios es tan responsable penalmente quien recibe y administra, como quien participa y promueve. ‘Tumbados’ pretenden que la Nación pague cerca de 46 billones de pesos perdidos.
Desde el año inmediatamente anterior, la Superintendencia Financiera viene realizando, por diversas ciudades del país, jornadas donde se dan a conocer los peligros e inconvenientes de entregar el dinero a entidades que prometen rendimientos cuantiosos y que, a su vez, no están vigiladas ni autorizadas por la Superfinanciera.
La crisis de las famosas “pirámides” en el año 2008 debió servir de experiencia a las personas, pero lastimosamente muchas no han aprendido y el fenómeno continúa. Ahora, el medio utilizado es internet, en especial entre estudiantes y universitarios, personas que no vivieron la crisis de hace seis años.
En regiones como Atlántico, Antioquia, Bogotá y Risaralda existe una proliferación en la red donde se invita a las personas a ahorrar, lo que ha desembocado que mucha gente esté cayendo otra vez.
La Superfinanciera ha identificado un total de 23 empresas en las cuatro zonas señaladas anteriormente, que presumen ser vigiladas por la entidad sin serlo: Proyecciones e Inversiones DMG, Club de Amigos, Finapoyo SA, Corficol SA, Emgoldex, Wasanga, Los Ocho de Colombia, Proyecciones e Inversiones Drfe, Fondo Nacional Bancario, entre otras.
La Superfinanciera recordó que las decisiones de la justicia colombiana siguen demostrando que en este tipo de casos la responsabilidad recae únicamente sobre quien decide invertir sus recursos en entidades no vigiladas por el Estado o en negocios ilegales.
La semana pasada, el Juzgado Primero de descongestión de Pasto consideró que fueron los propios ciudadanos los que se expusieron a las estafas al invertir en instituciones no autorizadas para captar dinero del público, como DMG y Drfe.
Se trata de una decisión clave porque marca la pauta frente a otras 339 demandas, además de 58 acciones de grupo, las cuales pretenden que la Nación pague cerca de 46 billones de pesos perdidos, según los reclamantes, en las ‘pirámides’ desde mediados de la década pasada.
Entre el 2012 y el 2014 la justicia colombiana ha proferido un total de 156 sentencias a favor de la Superintendencia Financiera de Colombia en casos relacionados con captación ilegal de recursos del público.
Adicionalmente, durante dicho período se registró un descenso tanto en el número de demandas como en las cuantías de los procesos.
Mientras que en el 2012 los procesos ascendían a 614, para el 2014 llegaron a 443, lo que representa una reducción de 27,8%. Con respecto al 2013, cuando hubo 589 procesos, la disminución fue de 24,7%.
A su vez, las pretensiones económicas de los demandantes presentaron una reducción del orden de los $17 billones en los últimos tres años. Para el 2012 las cuantías de dichos casos rondaban los $46 billones mientras que en el 2014 llegaron a los $29 billones aproximadamente.
En el año 2014 en fallo de segunda instancia, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca dejó en firme la sentencia que absolvió a la Superintendencia Financiera y a otras entidades públicas, de una acción de reparación directa instaurada por una “inversionista” de Proyecciones Drfe, quien fue objeto de intervención por esta Superintendencia por captación ilegal de dinero.
El Alto Tribunal consideró que “el ofrecimiento de intereses que hacía el establecimiento cuestionado, desbordaba lo que acostumbran las entidades del sector financiero a reconocer. En todo caso las reglas de la experiencia enseñan que se debe emplear diligencia y cuidado en la realización de este tipo de negocios, máxime cuando las condiciones del negocio que se ofrecen (altos intereses) no son las usuales”.
Agregó, que “si la demandante perdió alguna suma de dinero (…) se debió a su propia culpa y al hecho de un tercero. En efecto, el daño alegado (que no aparece acreditado), se presentó por el comportamiento de la propia demandante, quien de manera libre y voluntaria decidió ‘invertir’ su dinero en un establecimiento de comercio ilegal que no estaba autorizado por la autoridad competente para captar dinero del público”.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
