Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La idea del cohecho es ofrecer un pago indebido a un funcionario público para que este no realice sus funciones de la mejor manera. En este proceso existe un sobornador y un sobornado.
El cohecho consiste en ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público o tomador de decisiones, con la intención de que este actúe o se abstenga de actuar en relación con el desempeño de sus funciones.
En general, en cualquier transacción de negocio en donde ocurre cohecho, hay cuatro sujetos fundamentales: la persona que ofrece el cohecho –sobornador–, la persona que acepta el pago por cohecho –sobornado– y las organizaciones o empresas a las que representan.
Aunque no siempre sea el caso, en ocasiones estas organizaciones son víctimas directas del cohecho, por ejemplo: una agencia gubernamental que sobrepaga por los servicios, como parte de un esquema de soborno –kickbacks–, o la organización privada que celebra contratos en condiciones desfavorables como resultado de las acciones de las personas que ofrecieron y aceptaron el cohecho. También puede haber muchas víctimas indirectas de cohecho, incluyendo las personas afectadas por el desvío de recursos que debieran ser destinados a servicios públicos o las empresas que respetando y actuando bajo la ley pierden contratos, ya que se niegan a pagar sobornos.
Reembolsos (kickbacks): forma de cohecho en la que el dinero o dádiva es pagado a una persona de influencia dentro de una organización, a cambio de que este asegure algún tipo de beneficio de la organización hacia la persona que pagó el cohecho. Comúnmente el cohecho es pagado por las empresas que buscan asegurar contratos u obtenerlos en condiciones favorables. A cambio de su ayuda, parte de los beneficios del contrato se pagan (se reembolsan) al tomador de decisiones dentro de la organización encargado de otorgar el contrato. La organización que concedió el contrato no está al tanto del pago hecho a su funcionario.
Comisiones secretas: las empresas suelen utilizar agentes para celebrar contratos en su nombre, por ejemplo, para llevar a cabo ventas en mercados extranjeros. Las comisiones secretas son una forma de cohecho en la que un agente solicita o acepta un pago por influir en estos contratos, en beneficio de la persona que está pagando el cohecho sin el conocimiento o consentimiento del superior jerárquico. Esto se puede hacer para asegurar un contrato, para obtener condiciones favorables o incluso para evitar que el contrato se celebre con un competidor.
Pagos de facilitación: son realizados por una empresa a un servidor público con el fin de alentar o garantizar que el servidor público desempeñe sus funciones cotidianas. Un ejemplo de este caso podría ser cuando una empresa realiza un pago a un servidor público de aduanas para evitar retrasos innecesarios en el envío de mercancías. Los pagos de facilitación se hacen con la finalidad de influir en el comportamiento de un servidor público, pero en muchos países estos pagos no son ilegales, por lo tanto, los inspectores fiscales y los auditores deben familiarizarse con el tratamiento que se le da a estos pagos en su país.
Tráfico de influencias: también conocido como «negociación»; el tráfico de influencias se produce cuando un servidor público pretende obtener un pago a cambio de usar su influencia para asegurar una ventaja indebida o favor para el otorgante del pago. El término también se utiliza cuando se solicita al servidor público que utilice su influencia para asegurar una ventaja indebida o favorecer a cambio de un pago. El tráfico de influencias es más frecuente en el mundo de la política, pero también lo podemos encontrar en los negocios.
Soborno electoral: en algunos países es un delito hacer una donación con el fin de promover a un candidato o a un partido político, donde la intención es influir en el resultado de las elecciones y así asegurar o retener un contrato con el gobierno.
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