Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
A un colombiano no se le puede prohibir abrir una empresa en otro país. El problema es que se pueden generar sospechas por los capitales atraídos, ya que una parte del dinero que circula en los paraísos fiscales procede de la evasión fiscal.
Como lo afirma Luis Guillermo Vélez, Superintendente de Sociedades, lo ideal es que en Colombia existiera un mecanismo que obligue a las empresas a revelar información sobre la situación de control por parte de la sociedad extranjera. Iniciativa que también promulga el proyecto de Ley 143 que viene siendo debatido desde hace tiempo en el Senado.
“En este momento las herramientas de regulación en el país son inadecuadas. Colombia está muy atrasada en esa materia. Países como Estados Unidos o la Unión Europea tienen ya estándares de reporte de operaciones en paraísos fiscales mucho más sofisticados que los que hay en Colombia”, le dijo el Superintendente a los medios de comunicación.
Para Vélez, basta con ver el listado de inversión extranjera que está llegando a Colombia interesada en toda clase de actividades. “Esa inversión viene de Panamá, Anguila, Bermudas, Caimán, Islas Vírgenes en una proporción muy alta. Y no es que vengan a invertir, es que crean sociedades en esos países para entrar en Colombia, el vehículo favorito de la inversión extranjera es ese tipo de sociedades de paraísos fiscales”, afirma.
Según el director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, en Colombia se celebra el aumento de la inversión extranjera, aunque venga de paraísos fiscales. Datos de Proexport Colombia aseguran que el 20% de las inversiones vienen de Angilla, 28% de Panamá, 2% de Islas Caimán y un 15% de Bermudas.
A Ortega le parece inaudito, por ejemplo, que una inversión de Bermudas constituida con $20 millones de capital consiguiera un crédito con Barclays por US$3.500 millones. “Esas transacciones en Colombia existen y una firma elegantísima de abogados arma la estructura de eso y usted se gana unos ‘feed’ muy altos por hacer eso”, le dijo a El Espectador.
La debilidad normativa ha permitido la proliferación de esto. Agrega que sería ideal tener contratos en el sector minero y petrolero en los que se pusiera: “si usted no declara, diga quién es su beneficiario controlante; quién es el que manda. A veces esos dueños del balón venden servicios carísimos que valen cifras absurdas. Eso tributariamente les baja totalmente la base”.
Los brasileños escondieron en sitios como Antigua y Bermuda, Bahamas o Dominica unos 519.500 millones de dólares, el equivalente al 160% de la deuda externa del gigante sudamericano. Siguen los mexicanos con 417.500 millones, el 224% de su pasivo exterior. Después vienen los venezolanos, con 405.800 millones, 728% de la deuda externa. Y luego, los argentinos con 399.100 millones o el 308%.
De todos los anteriores los que más hicieron rendir el dinero fueron los mexicanos, ya que sus ganancias fueron equivalentes al 113% de lo que retiraron de su país. Le siguen los argentinos, con el 105%, los venezolanos, con el 73%, y los brasileños, con el 68%.
También han fugado a paraísos como Granada, Islas Vírgenes Británicas o Montserrat los millonarios chilenos: unos 105.000 millones, equivalentes al 122% de la deuda externa de su país. Y viene Colombia con 47.900 millones, 76% del pasivo exterior soberano, donde sus ricos muultiplicaron en un 63% sus beneficios en estos paraísos fiscales.
Un estudio reciente del Banco Mundial señala cerca de 150 casos de corrupción en 80 países del mundo que involucran activos por US$56.4 billones. En todos los casos se utilizó una compañía en un paraíso fiscal para cometer fraude o delito.
“Actualmente hay una cantidad de empresas que no existen para la DIAN. Conozco casos de colombianos multimillonarios que no existen para el Estado colombiano porque se esconden detrás de empresas extranjeras. El año pasado no más la inversión de Panamá en Colombia fue aproximadamente de US$600 millones y eso seguramente está subestimado, quiere decir que ellos no declaran el precio real de los activos”: Senador Juan Mario Laserna, quien promulga el proyecto de Ley 143.
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