Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
En promedio, cada año el país recibe cerca de 100.000 nuevas demandas y solo en 2018 cerró con 125.000 nuevos procesos radicados.
Demandar al Estado es un derecho que les asiste a quienes así lo consideren y sientan que han sido vulnerados sus intereses. Sin embargo, también se ha convertido en una plataforma de demandas temerarias y, además, en una de las actividades más costosas para el país, transformándose, incluso, en una importante amenaza para las cuentas fiscales.
La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE– ha venido estructurando una estrategia para responder por las demandas contra el país en distintos y disímiles escenarios: desde las laborales y pensionales de miles de colombianos, hasta los complejos procesos de arbitraje internacional al amparo de la protección de las inversiones contempladas en los tratados de libre comercio.
Las cifras son escandalosas. Colombia tiene hoy demandas por más de 400 billones de pesos, representadas en alrededor de 400.000 procesos, sin contar una acción de grupo por desplazamiento forzado que pretende una indemnización que supera los 3.440 billones de pesos, más de cuatro veces el PIB del país. En promedio, cada año el país recibe cerca de 100.000 nuevas demandas y solo en 2018 cerró con 125.000 nuevos procesos radicados.
Fuente: Dinero.
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