Competitividad por la borda

Por alguna extraña razón parece estar ganando fuerza entre algunos sectores la idea de que para combatir la pobreza y el desempleo es preciso generar más pobreza y más desempleo.

Igualmente, que la productividad y la competitividad no son relevantes para el crecimiento económico y tampoco para la prosperidad de la población.

Esto es lo que se podría deducir después de un mes de paro, de bloqueos y de violencia que dejan millonarias pérdidas en términos de empleos, producción y vidas humanas, además de pérdida de productividad y competitividad.

Cabe recordar que son los países más competitivos aquellos con mayores ingresos per cápita que pueden brindar igualdad de oportunidades a toda su población, lo que es fundamental para la movilidad social.

Los países más competitivos son también más resilientes ante los diferentes shocks, tal y como quedó demostrado con la crisis financiera de 2008 y más recientemente con la pandemia del COVID-19.

Es precisamente por estas razones que Colombia creó en la primera década del siglo XXI el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación que lidera la Presidencia de la República.

Un sistema que permitiera trabajar mediante la articulación de todos los actores y, de manera permanente, en el mejoramiento de la competitividad del país a través de una agenda transversal de largo plazo que trascendiera a los diferentes gobiernos y llevara al país a convertirse en el tercero más competitivo de América Latina para el año 2030, con todo lo que ello implica.

De hecho, es lo que ha venido sucediendo desde entonces, con avances importantes en diferentes determinantes de la competitividad, como por ejemplo en el mejoramiento del índice de costos logísticos, para lo cual se han hecho grandes inversiones de infraestructura, vías, puertos, aeropuertos y de facilitación de comercio.

No deja de sorprender, por tanto, el preacuerdo entre el Ministerio de Transporte y los transportadores terrestres por carretera que está circulando. En este se desconocen los acuerdos previos, además lleva, según cálculos de la ANDI, a un encarecimiento del costo país de 20%, echando a la borda avances de competitividad de más de 20 años en este frente.

En el preacuerdo se establece el regreso a la tabla de fletes, vigente desde 1997 y eliminada en 2011 por el Decreto 2092 del 14 de junio, mediante el cual se estableció que los fletes se determinarían en un escenario de libre mercado como resultado de transacciones comerciales.

En este mismo año se instauró el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte de Carga (SICE-TAC), el cual mantiene al mercado en un esquema de libertad vigilada, es decir, donde la información de los precios se utiliza para la vigilancia y consecuente intervención del Estado cuando se presentan fallas de mercado.

Ahora bien, el regreso a la tabla de fletes presente en la negociación entre los transportadores y el Ministerio de Transporte permitiría la obligatoriedad del SICE-TAC. Una decisión muy cuestionable que hace retroceder 10 años al país y va en contravía de la decisión reciente que tomó el país de ser parte del International Transport Forum, un club de países que trabaja por mejores políticas en materia de transporte.

También, es muy preocupante en el preacuerdo la eliminación de la posibilidad de nuevos peajes para el financiamiento de los grandes proyectos de infraestructura necesaria en el territorio, no solo para conectar a Colombia con el mundo sino para conectar a las regiones entre sí. Sin financiamiento no hay vías y sin vías no hay conectividad. De insistir en este punto del preacuerdo, los centros de producción y consecuentemente sus trabajadores se mantendrán fuera del mercado, lo que constituye sin duda un atentado en contra de la competitividad y la prosperidad del país.

Si bien todas las ayudas brindadas en términos sociales por el Gobierno a los transportadores pequeños, así como a otros empresarios pequeños de otros sectores, son más que bienvenidas, estas no pueden ser a costa de la productividad del país, que ya de por sí es baja e incluso inferior a la del promedio de América Latina.

Lo único que le permite a Colombia alcanzar un crecimiento alto y sostenible es el mejoramiento de la productividad y la competitividad, lo cual se logra con buena política pública. No echemos esta oportunidad por la borda.

Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad