Concepto 220-043998 de 22-02-2016

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  • Publicado: 22 febrero, 2016

Superintendencia de Sociedades
Concepto 220-043998

22-02-2016

Asunto: Procedimiento para disolver y liquidar una empresa de servicios públicos- levantamiento del velo corporativo- y cancelación de acreencias laborales.

Me refiero a su escrito radicado en esta Entidad con el número 2016- 01- 003549, mediante el cual, previa las consideraciones allí expuestas, formula una consulta sobre el asunto de la referencia, en los siguientes términos:

1.- Cuál es el procedimiento a seguir para obtener la disolución y liquidación de una empresa de acueducto de acueducto y alcantarillado E.P.S, por actos fraudulentos a la ley en perjuicio de terceros?, con el objeto que los socios en aras del levantamiento del VELO CORPORATIVO, respondan por la cancelación de las acreencias laborales que se les están debiendo a sus poderdantes.
2.- Qué acción Jurídica se tiene que impetrar ante la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES?
3.- Contra quién o quienes, se interpone esa acción jurídica para obtener el pago de las acreencias laborales de sus poderdantes, ya que existe un mandamiento de pago emanado de un Juzgado Civil- laboral del domicilio, contra la E.S.P. referida
4.- Qué documentos se tiene que aportar?

De otra parte, solicita, de ser procedente la disolución y liquidación de la E.S.P., se le suministre una minuta o modelo de la demanda para tal efecto, y el levantamiento del velo corporativo, por los motivos allí aducidos.

Al respecto, es preciso advertir que al tenor de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 11 del Decreto 1023 de 2012, es función de la Oficina Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, la de absolver las consultas generales formuladas por los organismos públicos y privados, así como por los usuarios y particulares, sobre temas de derecho estrictamente societario regulado por la legislación mercantil, cuyo alcance tendrá los efectos previstos en el artículo 28 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo, mas no sobre temas contractuales, procedimentales o jurisdiccionales, y que dicho sea de paso, no es asesora sobre asuntos particulares como resulta ser el caso motivo de su solicitud.

No obstante lo anterior, a título meramente informativo es pertinente efectuar las siguientes precisiones a la luz de la Ley 1116 de 2006, código de Comercio y Código General del Proceso:

a) De acuerdo con lo previsto en el artículo 1º de la citada ley, “El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.

El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, Buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor…”. (El llamado es nuestro).

Del estudio de la norma antes transcrita, se desprende que el legislador estableció varios mecanismos no solo para perseguir la salvación de los negocios del deudor, ya se trate de sociedades comerciales, personas naturales comerciantes, que aunque afrontan dificultades económicas tienen perspectivas de salir de la crisis financiera en que se encuentra, sino para permitirle a aquél a través de un acuerdo, celebrar un convenio de pagos con sus acreedores, en el cual se estipulará la forma y términos en que se atenderán sus respectivas obligaciones, lo que de no resultar posible, incuestionablemente conlleva a la liquidación judicial, si se trata de un deudor persona jurídica o persona natural comerciante.

b) En lo que respecta al ámbito de aplicación, la mencionada Ley 1116 de 2006, en su artículo 6º señaló expresamente las personas jurídicas o naturales que pueden acogerse al régimen de insolvencia, así:

Estarán sometidas al régimen de insolvencia las personas naturales comerciantes y las jurídicas no excluidas de la aplicación del mismo, que realicen negocios permanentes en el territorio nacional, de carácter privado o mixto. Así mismo, estarán sometidos al régimen de insolvencia las sucursales de sociedades extranjeras y los patrimonios autónomos afectos a la realización de actividades empresariales.

c) Por su parte, el artículo 3º ejusdem, prevé que no están sujetas al régimen de insolvencia las siguientes personas jurídicas:

1. Las Entidades Promotoras de Salud, las Administradoras del Régimen Subsidiado del Sistema General de Seguridad Social en Salud y las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud.
2. Las Bolsas de Valores y Agropecuarias.
3. Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior no incluye a los emisores de valores, sometidos únicamente a control de la referida entidad.
4. Las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras, de ahorro y crédito.
5. Las sociedades de capital público, y las empresas industriales y comerciales del Estado nacionales y de cualquier nivel territorial.
6. Las entidades de derecho público, entidades territoriales y descentralizadas.
7. Las empresas de servicios públicos domiciliarios.
8. Las personas naturales no comerciantes.
9. Las demás personas jurídicas que estén sujetas a un régimen especial de recuperación de negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar.

Las empresas desarrolladas mediante contratos que no tengan como efecto la personificación jurídica, salvo en los patrimonios autónomos que desarrollen actividades empresariales, no pueden ser objeto del proceso de insolvencia en forma separada o independiente del respectivo o respectivos deudores.

d) Luego, es claro que las empresas de servicios públicos domiciliarios no pueden acceder al régimen de insolvencia regulado en la Ley 1116 de 2006 en sus dos modalidades: proceso de reorganización y liquidación judicial, por haber sido excluidas expresamente del mismo.

e) Ahora bien, si la empresa de servicios públicos domiciliarios de que se trate no se encuentran sometida a un régimen especial de recuperación de sus negocios, liquidación o intervención administrativa para administrar o liquidar, puede acceder a la liquidación privada o voluntaria, según los términos que a continuación se explican:

i) La liquidación privada o voluntaria, es la consecuencia de la declaratoria de disolución de una compañía por ocurrencia de unas de las causales previstas en los estatutos o en la ley, es decir, las generales previstas para cualquier tipo de sociedad, y las especiales de acuerdo con el tipo societario de que se trate.

ii) Ahora bien, el trámite liquidatorio aludido se encuentra íntegramente regulado por los artículos 225 al 249 del Código de Comercio, el cual se adelanta por un liquidador nombrado conforme a los estatutos o a la ley, o en su defecto, por la Superintendencia de Sociedades, cuando agotados los medios para tal efecto, esta no se haga, en cuyo caso, cualquiera de los socios podrá solicitar a dicho organismo se nombre el respectivo liquidador.

iii) Conforme al artículo 124 de la Ley 1116 de 2006, en concordancia con el artículo 6º del Decreto 2300 de 2008, en el trámite de la liquidación privada de sociedades mercantiles, a esta Entidad únicamente le corresponde impartir la aprobación del inventario del patrimonio social, en los términos establecidos en los artículos 233 a 237 del Código de Comercio, respecto de:

“a. Las sociedades mercantiles por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras sometidas a la vigilancia o control de la Superintendencia de Sociedades, cuando una vez elaborado el inventario del patrimonio social, los activos no alcancen para cubrir el pasivo externo.

b. las sociedades comerciales por acciones y las sucursales de sociedades extranjeras vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades que en el momento de su disolución o terminación de los negocios en el país, según sea el caso, tenga a su cargo pasivo por concepto de pensiones de jubilación, bonos o títulos pensionales.

iv) Por su parte, el trámite a adelantar para liquidar el patrimonio de una sociedad disuelta, en términos generales comporta:

1.- Informar a los acreedores sociales sobre el estado de la liquidación en que se encuentra la sociedad, mediante aviso que se publicará en un periódico que circule regularmente en el lugar del domicilio social y que se fijará en lugar visible de las oficinas y establecimientos de comercio de la sociedad.
2.- Elaborar dentro del mes siguiente a la fecha en que la sociedad quedó disuelta respecto de socios y terceros, el correspondiente estado financiero de inventario del patrimonio social, mediante la comprobación en detalle de la existencia de cada una de las partidas que componen el balance general, es decir, activo, pasivo y patrimonio. Así mismo, el inventario de pasivos con la prelación legal de pagos establecida en el artículo 2488 y siguientes del Código Civil.
3.- Realizar las actividades a que alude el artículo 238 ibídem, entre las cuales se encuentra la de vender los activos sociales, cualesquiera que sean éstos, con excepción de aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados deben ser distribuidos en especie.
4.- Pagar las obligaciones sociales, observando las disposiciones legales sobre la prelación de créditos, en la forma prevista en los artículos 242 a 248 ejusdem.
5.- Convocar a la asamblea o junta de socios, para que aprueben las cuentas de los liquidadores y el acta de adjudicación de bienes de que trata el artículo 247 del Código de Comercio; así como protocolizar la cuenta final de liquidación en una notaría, la cual deberá registrarse en el registro mercantil, y a partir de entonces se configura la extinción del ente jurídico.
6.- Las demás que le señale la ley o los estatutos.

v) Al margen de lo anterior, procede remitirse al pronunciamiento contenido en la “Guía de Litigio Competencias y Procedimientos”, que aparece publicada en la página web de esta Entidad www.supersociedades.gov.co, sobre competencia y procedimientos para instaurar procesos de naturaleza societaria, así como las reglas y normas aplicables a los mismos, cuya parte pertinente se transcribe a continuación:

“Competencias y Procedimientos

A partir de la promulgación del nuevo Código General del Proceso, publicado en el Diario Oficial el 2 de julio de 2012, se modificaron las reglas atinentes a los procesos de naturaleza societaria que conoce la Superintendencia de Sociedades en ejercicio de facultades jurisdiccionales. Las disposiciones contenidas en el citado Código aluden a algunas de las competencias atribuidas a esta entidad, así como a los procedimientos que han de seguirse para tramitar los asuntos allí mencionados. El Código General del Proceso también deroga ciertas reglas establecidas en normas anteriores, tales como algunos artículos de las Leyes 446 de 1998 y 1258 de 2008.

La introducción de este nuevo régimen procesal hace necesario efectuar un análisis acerca del estado actual de las competencias y procedimientos judiciales a cargo de esta Entidad en materia societaria. El citado análisis es particularmente relevante a la luz del régimen de transición establecido en el Código General del Proceso. En verdad, las disposiciones del Código entran a regir en diferentes tiempos, los cuales se cuentan desde la promulgación del Código hasta un término máximo que expira en el año 2017. La vigencia diferida de ciertas reglas, en particular las que regulan las competencias de la justicia ordinaria, genera importantes consecuencias respecto del régimen procesal que le resulta aplicable a la Superintendencia de Sociedades. Así las cosas, a continuación se presenta un análisis del estado actual de la legislación colombiana en materia de conflictos societarios.

I. Normas especiales

El artículo 1º del Código General del Proceso alude al ámbito de aplicación general de las reglas procesales, en los siguientes términos:

Código se le aplica a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares y autoridades administrativas, cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén regulados expresamente en otras leyes’. Así, pues, si bien el Código regula ciertos asuntos a cargo de esta y otras Superintendencias, se deja abierta la posibilidad de que existan normas especiales que adicionen o modifiquen las competencias y procedimientos establecidos en ese Estatuto.

En este sentido, debe señalarse que el Código conservó ciertas reglas especiales respecto del ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades. Es así como, por virtud de lo dispuesto en el literal a) del artículo 626 del nuevo Código, se deroga el artículo 148 de la Ley 446 de 1998 y el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, a partir de la promulgación del Código referido. De igual forma, en el literal c) del artículo 626, citado, se establece la derogatoria del artículo 137 de la Ley 446 de 1998 una vez el Código entre en vigencia plena, en algún momento entre el primero de enero de 2014 y el mismo día de 2017.

Según lo expuesto, debe entenderse que continúan vigentes las reglas especiales que no fueron derogadas por el nuevo Código. Esta parece ser la única manera razonable de interpretar las diversas disposiciones del nuevo Código, en vista de que se derogaron tan sólo un par de artículos de las Leyes 446 de 1998 y 1258 de 2008, pero se conservaron diversas otras disposiciones contenidas en tales leyes, las cuales establecen competencias y procedimientos especiales a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Se trata de las disposiciones societarias especiales mencionadas a continuación:

1) Artículo 233 de la Ley 222 de 1995
2) Artículos 133, 136 y 137 de la Ley 446 de 1998
3) Artículos 24, 42 y 43 de la Ley 1258 de 2008
4) Artículos 28, 29 y 43 de la Ley 1429 de 2010
5) Artículo 252 de la Ley 1450 de 2011

Así las cosas, para establecer cuáles son las reglas procesales que le resultan aplicables a un determinado conflicto societario, deberán consultarse, en primer término, las normas especiales antes enunciadas. Es decir que esta Superintendencia ejerce las competencias descritas a continuación mediante el procedimiento señalado en las normas societarias especiales vigentes, es decir, el proceso verbal sumario:

1. Impugnación de decisiones sociales en compañías vigiladas por la Superintendencia de Sociedades (competencia general atribuida en el literal c) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; proceso especial incluido en el artículo 137 de la Ley 446 de 1998).2
2. Ejecución específica de las obligaciones pactadas en los acuerdos de accionistas (competencia general atribuida en el literal a) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; proceso especial incluido en el parágrafo 2º del artículo 24 de la Ley 1258 de 2008.
3. Responsabilidad solidaria de accionistas y administradores, nulidad de actos defraudatorios e indemnización de perjuicios en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica (competencia general atribuida en el literal d) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; proceso especial incluido en el artículo 42 de la Ley 1258 de 2008).
4. Nulidad absoluta de decisiones e indemnización de perjuicios en hipótesis de abuso del derecho de voto (competencia general atribuida en el literal e) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; proceso especial incluido en el artículo 43 de la Ley 1258 de 2008).
5. Responsabilidad de socios y liquidadores en hipótesis de liquidación voluntaria (competencia y proceso especial incluidos en el artículo 28 de la Ley 1429 de 2010).
6. Acción de oposición judicial en hipótesis de reactivación de sociedades y sucursales en liquidación (competencia y proceso especial incluidos en el artículo 29 de la Ley 1429 de 2010).
7. Reconocimiento de presupuestos de ineficacia respecto de ciertos actos celebrados por sociedades controladas por esta Superintendencia (competencia y proceso especial incluidos en el artículo 43 de la Ley 1429 de 2010).

En caso de no existir una norma especial vigente, deberán seguirse las reglas de procedimiento contenidas en el nuevo Código respecto del ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de la Superintendencia de Sociedades, según se explica a continuación.

II. Reglas establecidas en el nuevo Código

En el numeral 5º del artículo 24 del Código General del Proceso se establecen cinco competencias específicas a cargo de la Superintendencia de Sociedades. Cuatro de estas competencias aluden a figuras contempladas en normas anteriores, es decir, a los artículos 191 del Código de Comercio (impugnación) y 24 (acuerdos de accionistas), 42 (responsabilidad solidaria de accionistas y administradores, nulidad de actos defraudatorios e indemnización de perjuicios en hipótesis de desestimación de la personalidad jurídica) y 43 (abuso del derecho) de la Ley 1258 de 2008. La quinta competencia atribuida a esta entidad se refiere, de modo general, a la resolución de conflictos societarios. Esta última competencia es similar a la que le había sido atribuida a la Superintendencia en el inciso segundo del artículo 40 de la Ley 1258 de 2008, el cual fue derogado tras la promulgación del nuevo Código.

De otra parte, en el parágrafo 3º del artículo 24 del CGP se establece una regla general de procedimiento para el ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de las diferentes Superintendencias, a cuyo tenor, ‘las autoridades administrativas tramitarán los procesos a través de las mismas vías procesales previstas en la ley para los jueces’. A la luz de lo expresado en esta disposición, es pertinente analizar cuáles son los procedimientos establecidos para el ejercicio, por parte de la justicia ordinaria, de las competencias a cargo de la Superintendencia de Sociedades.

En el numeral 5º del artículo 20 del nuevo Código se le atribuye la competencia a los jueces civiles de circuito para conocer, en primera instancia, acerca ‘de todas las controversias que surjan con ocasión del contrato de sociedad’. Esta parecería ser la ‘vía procesal prevista en la ley para los jueces’ a que se hizo referencia antes. Sin embargo, en vista de que el artículo 20 del Código sólo entra en vigencia una vez culmine el período de transición a que se ha hecho referencia en este documento, el procedimiento correspondiente debe ser el que aparece consignado en las normas actualmente vigentes. En este sentido, el Código de Procedimiento Civil alude expresamente al proceso verbal como la ‘vía procesal’ para que la justicia ordinaria conozca acerca de dos asuntos específicos, a saber:

1. Impugnación de decisiones sociales en compañías inspeccionadas o controladas por esta Superintendencia (competencia general atribuida en el literal c) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces en los artículos 421 del Código de Procedimiento Civil y 42 de la Ley 1395 de 2010).
2. Resolución de controversias respecto del acaecimiento de causales de disolución (competencia general atribuida en el artículo 138 de la Ley 446 de 1998; vía procesal prevista para los jueces en los artículos 627 y 630 del Código de Procedimiento Civil).

De otra parte, en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995 se establece una regla general para el trámite de procesos societarios por parte de la justicia ordinaria, a cuyo tenor, ‘los conflictos que tengan origen en el contrato social o en la ley que lo rige […] se someterán al trámite del proceso verbal sumario, salvo disposición legal en contrario’. Es así como los asuntos respecto de los cuales no se haya determinado un proceso específico, deberán tramitarse bajo la vía procesal establecida en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995, es decir, el proceso verbal sumario. Esta regla de interpretación les resulta aplicable a los siguientes asuntos:

1. La resolución de conflictos societarios, así como las diferencias que ocurran entre los accionistas, o entre estos y la sociedad o entre los accionistas y los administradores, en desarrollo del contrato social o del acto unilateral (competencia general atribuida en el literal b) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995).
2. Inoponibilidad de la personificación jurídica en hipótesis de desestimación (competencia general atribuida en el literal d) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995).
3. Reconocimiento de los presupuestos de ineficacia previstos en el Libro Segundo del Código de Comercio (competencia general atribuida en el artículo 133 de la Ley 446 de 1998; vía procesal prevista para los jueces en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995).
4. Designación de peritos para dirimir controversias sobre el precio de alícuotas (competencia general atribuida en el artículo 136 de la Ley 446 de 1998; vía procesal prevista para los jueces en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995).
5. Incumplimiento de acuerdos de accionistas (competencia general atribuida en el literal a) del numeral 5º del artículo 24 del CGP; vía procesal prevista para los jueces en el artículo 233 de la Ley 222 de 1995)” (El llamado es nuestro).

En resumen, se tiene que la resolución de conflictos societarios, los procesos relacionados con la inoponibilidad de la personificación jurídica, el reconocimiento de los presupuestos de ineficacia, la designación de peritos y el incumplimiento de acuerdos de accionistas, deben tramitarse, salvo disposición en contrario, por el proceso verbal sumario, al igual que aquellos asuntos respecto de los cuales no se haya determinado un proceso específico, (artículo 233 antes citado).

Finalmente, se observa que las personas interesadas deberán en la respectiva demanda, hacer una relación de los hechos lesivos de la ley o de los estatutos, y de los elementos de juicio que tiendan a comprobarlos, así como acompañar a la misma original y/o copia de los siguientes documentos, según fuere el caso:

1) Poder legalmente conferido por el accionante para su representación y actuación procesal correspondiente.
2) Acta de la asamblea general de accionistas o de junta de socios, en la cual conste la determinación que dio origen a la controversia o impugnación respectiva.
3) Documento contentivo de acuerdos o convenios entre accionistas o socios de una compañía sobre determinado asunto.
4) Solicitud de designación de peritos para que fije el justiprecio de acciones o cuotas o partes de interés social que pretende enajenar cualquiera de los asociados.
5) Memorial solicitando se decreten y practiquen las pruebas que pretendan hacer valer o se adopten las medidas cautelares a que haya lugar.

g) Finalmente, para su conocimiento y fines pertinentes, me permito adjuntarle un modelo de demanda, el cual fue elaborado con el único propósito de ilustrar a nuestros usuarios acerca de algunos de los requisitos previstos en la ley para la adecuada presentación de demandas. Si bien la adopción de las indicaciones formuladas en este modelo podría reducir las probabilidades de inadmisión, se recomienda que nuestros usuarios verifiquen, en todos los casos, que sus demandas cumplan con los requisitos legales correspondientes.

(…)

Señor
Superintendente Delegado para Procedimientos Mercantiles
Superintendencia de Sociedades
Vía email: pmercantiles@supersociedades.gov.co
Demandante: [Nombre del demandante]
Demandado: [Nombre del demandado]
Asunto: [N. del E: Vid. Inventario de Acciones Judiciales]

[NOMBRE DEL APODERADO DEL DEMANDANTE], mayor de edad y domiciliado en [CIUDAD], identificado con cédula de ciudadanía [NÚMERO], abogado inscrito con tarjeta profesional No. [NÚMERO] del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en calidad de apoderado especial de [NOMBRE DEL DEMANDANTE], según consta en el poder especial que adjunto, por medio del presente escrito presento una demanda en contra de [NOMBRE DEL DEMANDADO], con fundamento en los hechos y pretensiones expuestos más adelante.

I. Partes

1. El demandante es [NOMBRE DEL DEMANDANTE], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía/N.I.T. [NÚMERO].
2. El demandado es [NOMBRE DEL DEMANDADO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía/N.I.T. [NÚMERO].

II. Hechos

[N. del E: En esta sección deben incluirse los hechos en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda].

1. […].
2. […].
3. […].

III. Fundamentos legales

[N. del E: En esta sección deben incluirse los argumentos legales que le sirven de sustento a las pretensiones de la demanda, con indicación de las normas invocadas para tales efectos].

La presente demanda encuentra fundamento en los argumentos jurídicos expuestos a continuación:

1. […].
2. […].
3. […].

IV. Pretensiones

[N. del E: Antes de llenar esta sección, consulte las Anotaciones acerca de la Presentación de Demandas].

1. Pretensiones principales

a. […].

2. Pretensiones subsidiarias

a. […].

V. Medidas cautelares

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 del Código General del Proceso, se solicita el decreto y práctica de las siguientes medidas cautelares:

1. [DESCRIBIR MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA].
2. Cualquier otra medida que ese Despacho estime razonable para asegurar los fines a que alude el artículo 590 del Código General del Proceso.

La anterior solicitud encuentra fundamento en [INCLUIR LAS EXPLICACIONES REQUERIDAS PARA JUSTIFICAR LA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES].

VI. Requisito de procedibilidad

En los términos del parágrafo primero del artículo 590 del Código General del Proceso, la solicitud de medidas cautelares formulada anteriormente hace innecesario agotar la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad.

VII. Competencia y procedimiento

La Superintendencia de Sociedades es competente para conocer la presente demanda en desarrollo de las funciones jurisdiccionales que le han sido atribuidas en el ordenamiento jurídico colombiano. A la luz de tales normas, esta demanda debe tramitarse por la vía del proceso [VERBAL SUMARIO/VERBAL].

VIII. Pruebas

Como sustento de lo expresado en esta demanda, se solicitan las pruebas que se describen a continuación:

1. Pruebas documentales aportadas con la demanda

a. [INCLUIR LISTA DE DOCUMENTOS APORTADOS CON LA DEMANDA].

2. Pruebas documentales solicitadas en la demanda

a. [INCLUIR LISTA DE LOS DOCUMENTOS RELEVANTES QUE DEBAN SER SOLICITADOS POR EL DESPACHO, ASÍ COMO EL LUGAR EN EL QUE DEBERÁN SER SOLICITADOS].

3. Interrogatorios de parte

a. [NOMBRE DEL DEMANDADO] o [NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA DEMANDADA] con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO].

4. Testimonios

a. [NOMBRE DEL TESTIGO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO], para que testifique acerca de [INSERTAR EXPLICACIÓN ACERCA DEL OBJETO DE ESTE TESTIMONIO].
b. [NOMBRE DEL TESTIGO], con domicilio en [CIUDAD], identificado con la cédula de ciudadanía [NÚMERO], para que testifique acerca de [INSERTAR EXPLICACIÓN ACERCA DEL OBJETO DE ESTE TESTIMONIO].

5. Inspección judicial con exhibición de documentos en [INSERTAR DIRECCIÓN], correspondientes a [IDENTIFICAR EL LUGAR RESPECTO DEL CUAL SE SOLICITA LA INSPECCIÓN JUDICIAL (P.EJ. LAS OFICINAS PRINCIPALES DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD DEMANDADA)].

IX. Anexos

1. Copia escaneada de los documentos descritos en el acápite de pruebas documentales aportadas con la demanda.
2. Copia escaneada del poder para actuar.
3. Una copia de la demanda y sus anexos por cada uno de los demandados. [N. del E: Estas copias sólo se requieren cuando la demanda se presente por escrito en las oficinas de la Superintendencia].
4. Una copia de la demanda para el archivo de la Superintendencia de Sociedades. [N. del E: Esta copia sólo se requiere cuando la demanda se presente por escrito en las oficinas de la Superintendencia].

X. Notificaciones

El demandante recibirá notificaciones en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDANTE] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD].

El demandado recibirá notificaciones en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDADO] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD].

El suscrito apoderado recibirá notificaciones en la Secretaría del Despacho, en la dirección de correo electrónico [INSERTAR CORREO ELECTRÓNICO DEL DEMANDANTE] o en la [INSERTAR DIRECCIÓN] de [INSERTAR CIUDAD].

[FIRMA DEL APODERADO]

[NOMBRE DEL APODERADO]

C.C. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA]

T.P. No. [INSERTAR NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL]

En los anteriores términos su solicitud ha sido atendida con sujeción al C.C.A.

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