Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Consultas y diferencias de opinión en el control de calidad del encargo de auditoría

Actualizado: 28 febrero, 2019 (hace 5 años)

Hace parte del proceso de control de calidad el supervisar y hacer seguimiento a la realización del encargo. En esta segunda parte analizamos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a las consultas y diferencias de opinión que se presenten en los encargos de auditoría.

En nuestro editorial anterior, el primero de esta serie, expusimos los requerimientos de la NICC 1 en cuanto a la planificación, supervisión y revisión de la realización del encargo de auditoría. En esta segunda parte realizamos un análisis de otros lineamientos relacionados con la realización de encargos, como las consultas y diferencias de opinión.

Consultas

Se espera que la firma de auditoría o el revisor fiscal establezcan políticas y procesos que permitan tener una seguridad razonable de que:

En el desarrollo de la auditoría se están realizando las consultas pertinentes sobre situaciones complejas o que generan controversia (cuestiones clave).
Se dispone de los recursos necesarios para una oportuna fluidez de la información (hay canales de comunicación, no hay limitantes).
Existe una documentación adecuada que permite la revisión de las consultas y comunicaciones realizadas tanto por los miembros del equipo de auditoría como por quienes responden dichas inquietudes.
Se adjunta una conclusión por parte del equipo a cada consulta llevada a cabo.

Para obtener tal seguridad razonable, se requiere que las consultas que se soliciten sean claras, de manera que las personas que las reciban, ya sean miembros de la firmas de auditoría o terceros (sin desatender el principio de confidencialidad), comprendan la discusión o situación que se desea analizar. Se espera que las consultas ayuden a esclarecer la situación, e incluso a refutar la opinión del miembro de la firma de auditoría, por tanto se debe hacer uso de los recursos investigativos adecuados, como también de la experiencia técnica y especializada de colegas, con el fin de promover la calidad en el desarrollo de los encargos y mejorar la aplicación del juicio profesional de los miembros del equipo.

“En caso de que no se ponga en práctica o no se tenga en cuenta la respuesta expuesta por el tercero; el equipo tendrá que documentar por qué difiere de esta opinión, y la conclusión a la que llega en el encargo”

Así pues, en un proceso eficiente de consulta:

Se informan los hechos relevantes.
Se asesora sobre la consulta ante cualquier inquietud o mal interpretación que se presente.
Se espera que la consulta sea dirigida a quienes tengan los conocimientos pertinentes, rango jerárquico y experiencia necesarias (ya sea a un miembro de la firma o a un tercero especialista o experto).
Se documenta el proceso de consulta.
Se realiza una retroalimentación de la respuesta y del caso en general.

En caso de que no se ponga en práctica o no se tenga en cuenta la respuesta expuesta por el tercero; el equipo tendrá que documentar por qué difiere de esta opinión, y la conclusión a la que llega en el encargo. Cabe anotar que esto debe hacerse siempre teniendo en cuenta los lineamientos éticos requeridos por el Código de Ética de la IFAC y por la Ley 43 de 1990, ya que se debe velar porque no se dirija una conclusión por beneficio de la firma o del tercero. Todo el asunto debe estar libre de conflictos de interés, aplicando un alto grado de objetividad e independencia.

Por último, cabe anotar que los asuntos que dan lugar a consultas según la Guía de control de calidad para pequeñas y medianas firmas de auditoría pueden estar relacionados con problemas en la continuidad del negocio, sospechas sobre irregularidades, dudas sobre la gestión del administrador, comunicar salvedades, reclamaciones de terceros, cambios de miembros clave de la entidad, problemas de riesgo ambiental, malos manejos contables, entre otros.

Diferencias de opinión

Se puede dar el caso en que surjan diferencias de opinión entre miembros de la firma y las personas consultadas, e incluso con el supervisor del encargo o el revisor de control de calidad de este; por tanto la firma o el revisor fiscal deben establecer políticas y procesos a seguir para resolver dichas diferencias. No quiere decir que al seguir un proceso se solucione automáticamente la disparidad, pero es posible que en la ejecución de este se pueda obtener información adicional que permita que los miembros de la firma lleguen a otra conclusión, o atiendan aspectos que no habían sido observados con anterioridad.

Entre las situaciones más comunes por las que se presentan diferencias de opinión se encuentran:

Cambios, inserciones o derogación de las normas aplicables en la entidad.
Interpretación de las Normas Internacionales de Información Financiera y de las Normas de Aseguramiento de la Información.
Condiciones contractuales de la entidad con terceros, y las implicaciones de estas en los hechos económicos.
Origen y naturaleza de una transacción.
Cambios en los procesos que deben seguir los miembros de la firma de auditoría.
Dudas sobre la capacidad de los miembros del equipo encargado de la auditoría.

Ante esto, se requiere que las personas que estén a cargo de la auditoría:

Se abstengan de atender sus prejuicios y propendan por esclarecer el asunto, siendo objetivos.
Tengan una actitud asertiva frente a la solución de conflictos.
Elaboren una lista de chequeo de los aspectos que van a evaluar para esclarecer la opinión.
No fechen el informe hasta que no se esclarezcan las diferencias de opinión.
Se apoyen en la opinión del personal con mayor capacidad técnica y experiencia.
Consideren todos los hechos relevantes y las razones que dan lugar a diferencias de opinión.
Utilicen herramientas como software, material de investigación, normatividad, entre otros, que les permitan evaluar cada punto de vista.
Realicen reuniones con el fin de llegar a un consenso.

Si una persona no está de acuerdo con la solución que se la dará al asunto y ya no hay más alternativas para llegar a un acuerdo, debe considerar cómo esto la afecta en el desarrollo de su labor y si esta situación le genera algún riesgo como profesional, con el objeto de decidir si puede seguir trabajando con el revisor fiscal o la firma.