Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La ineficiencia del gasto de Colombia se va en filtraciones de transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, lo que representa unos 45 billones de pesos; 4,8 % del PIB. Las adquisiciones son un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción.
El Banco Interamericano de Desarrollo presentó su publicación Mejor gasto para mejores vidas: cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos, en cuyo tercer aparte titulado “Ineficiencia del gasto público” explica la forma como la corrupción permea las adquisiciones de bienes, servicios y equipos en diferentes países.
Según la publicación, en 2016 los gobiernos de América Latina y el Caribe gastaron cerca de 450.000 millones de dólares en compras públicas, lo que incluye la adquisición de bienes y servicios, y equipos de capital. Ejemplos de estas adquisiciones son la compra de computadoras para escuelas primarias, el suministro de agua potable, gas y electricidad; así como la construcción de una carretera o un aeropuerto.
Sin embargo, el Banco Interamericano de Desarrollo se pregunta en su publicación: ¿son eficientes y efectivas las compras públicas? ¿Los precios pagados son competitivos con el sector privado, y son similares en diferentes oficinas públicas y a lo largo del país? ¿Los bienes y servicios producidos cumplen las normas de alta calidad?
Para la entidad, las adquisiciones son un imán para las ineficiencias en la gestión y para la corrupción. El gran volumen de transacciones, de la mano de la estrecha y compleja interacción entre los sectores público y privado, hace que las compras públicas queden expuestas a diversos riesgos de malgasto, mala gestión y corrupción. Pocas actividades públicas ofrecen mayor tentación o más oportunidades para la corrupción. La inversión pública es vulnerable a la corrupción, y el malgasto representa un porcentaje mayor de las adquisiciones totales en América Latina que en la OCDE, a la vez que funciona con instituciones más débiles.
El malgasto de fondos públicos en sobornos y presupuestos abultados parece ser enorme, pues llega a aproximadamente el 26 % del costo de los proyectos. En América Latina y el Caribe las pérdidas se acercan entre el 7 % y el 25 % de los contratos de adquisiciones. Por su parte, el malgasto en las adquisiciones representa, en promedio, entre el 0,9 % y el 2,6 % en la región.
Saber cuánto se puede recuperar con buenas prácticas en las adquisiciones y en la lucha contra la corrupción depende del país. Así, aunque hay poca correlación entre la puntuación de la percepción de la corrupción en un país y la experiencia de esta en la práctica, los indicadores de corrupción siguen siendo útiles para estimar este problema. «El Índice de Percepción de la Corrupción –IPC– y el Índice de Desvío de Fondos Públicos –DFP– muestran un cuadro similar de la corrupción y los sobornos en la región y en los países desarrollados: cuanto más altos sean los valores, menor será el grado de corrupción. La mayoría de los países de América Latina y el Caribe, con la excepción de Chile, Uruguay, Costa Rica y Jamaica en el medio, son países con índices más bajos y se sitúan en el extremo alto de la corrupción», describe la publicación.
Una estimación aproximada del malgasto en las adquisiciones en los países de América Latina y el Caribe, en promedio, se encuentra alrededor del 17 %, lo que equivale a un malgasto del 1,4 % del PIB.
En el informe se indica que la ineficiencia del gasto de Colombia se va en filtraciones de transferencias, malgasto en remuneración a empleados o en compras públicas, lo que representa unos 45 billones de pesos; 4,8 % del PIB.
La anterior cantidad de recursos ubica a nuestro país como el quinto de la región en el que más se pierde por ineficiencia en el gasto, superado únicamente por Argentina (7,2 % del PIB), El Salvador (6,8 %), Bolivia (6,3 %) y Nicaragua (5 %). El gasto ineficiente colombiano está muy por encima de los más bajos de la lista, como los de Chile y Perú (1,8 % del PIB y 2,5 %, respectivamente).
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