Corrupción y evasión tributaria: dos actividades ilícitas que amenazan a Colombia


12 julio, 2018
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Esta es una de las conclusiones que arroja la II Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos –ERR– 2018, socializada la semana anterior por la UIAF y el Ministerio de Hacienda. El país intenta blindarse para prevenir y detectar el lavado de activos, y la financiación del terrorismo.

El pasado 3 de julio, la Unidad de Información y Análisis Financiero –UIAF– presentó los resultados de la II Evaluación Regional del Riesgo de Lavado de Activos –ERR– 2018 (reporte con los que la entidad actualiza el mapa de riesgos en Colombia), como parte de un trabajo para implementar proyectos de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo –LAFT–, con enfoque regional.

Sobre el reporte, el ministro de hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo a los medios de comunicación que este tipo de evaluaciones «nos fortalecen en materia de prevención y detección del lavado de activos. El sector privado también contará con un importante insumo para la actualización o construcción de matrices de riesgo, que le permitirá tomar acciones para fortalecer esta lucha».

Por su parte, el director de la UIAF, Juan Francisco Espinosa Palacios, aseguró que «el objetivo de las ERR de la UIAF es que sean utilizadas como referente para la construcción de matrices de riesgo y la actualización o validación de los sistemas de administración del riesgo».

Las ERR hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, donde se estipuló realizar informes territoriales de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo –LAFT–, como una estrategia nacional para implementar proyectos de prevención en la materia, con enfoque regional.

“La corrupción y la evasión tributara son dos de las actividades ilícitas que se presentan como amenazas para Colombia”

Estas evaluaciones son una respuesta a la primera recomendación del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFI–, que señala la importancia de identificar, evaluar y entender los riesgos de LAFT para tomar medidas, incluyendo la designación de una autoridad o mecanismo encargado de coordinar acciones en torno a la evaluación de los riesgos, y el uso de recursos para que se mitiguen de forma eficaz.

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La corrupción y la evasión tributara son dos de las actividades ilícitas que se presentan como amenazas para Colombia; así lo reveló la evaluación. Dentro de las cinco principales actividades ilícitas que los encuestados destacan como la mayor amenaza en su región se encuentran:

  1. Corrupción (67 %).
  2. Narcotráfico (58 %).
  3. Contrabando (57 %).
  4. Extorsión (44 %).
  5. Evasión tributaria (38 %).

Por otra parte, los encuestados perciben como principales actividades económicas vulnerables las siguientes:

  1. Actividades inmobiliarias y edificaciones (43 %).
  2. Comercio al por mayor y al por menor (37 %).
  3. Juegos de suerte y azar (33 %).
  4. Construcción y obras civiles (31 %).
  5. Entidades sin ánimo de lucro (25 %).

Con la lupa puesta en los profesionales contables

En marzo de este año, la Supersociedades lanzó una advertencia a los revisores fiscales, a las firmas de revisoría y a los contadores públicos, con motivo de la presentación de los estados financieros de las empresas, que debió tener lugar en abril. Desde la entidad, se mostraron enfáticos en que estos actores deben entregar la totalidad de la información, y denunciar cualquier movimiento sospechoso del que sean testigos y que promueva el delito de lavado de activos.

Francisco Reyes Villamizar, superintendente de sociedades, está a la cabeza de una cruzada contra este tipo de delitos, junto con la UIAF. La Supersociedades les recordó a los revisores fiscales que el Código de Comercio establece responsabilidades a los profesionales de la contabilidad respecto a la lucha contra el blanqueo de dinero en las empresas.

Sobre este tema, Reyes Villamizar dijo a los medios de comunicación: “(…) el revisor fiscal que, a sabiendas, autorice balances con inexactitudes graves, o rinda a la asamblea o a la junta de socios informes con tales inexactitudes, incurrirá en las sanciones previstas en el Código Penal para la falsedad en documentos privados, más la imposibilidad temporal o definitiva para ejercer el cargo público”.

Los revisores que no cumplan con sus obligaciones podrían ser sancionados con suspensión del cargo, durante períodos que van desde un mes a un año, según la gravedad de las omisiones que cometan.

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  • 12 julio, 2018
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