Corte Constitucional ordenó regular el piso de protección social

Corte informó que tumbar la norma con efectos inmediatos generaría traumatismos y por eso dio un plazo de dos años para regular nuevamente el tema.

La Corte Constitucional tumbó el 193 del Plan de Desarrollo 2018-2022, el cual fijó parámetros del Piso de Protección Social para las personas que tienen ingresos inferiores a un salario mínimo.

Como lo publica el diario El Tiempo, la decisión solo tendrá efectos hasta el 20 de junio de 2023 para que el Congreso tenga tiempo de regular este asunto en una ley ordinaria y no afectar a las personas que hoy acuden a a este sistema.

La Sala Plena tomó esta decisión, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo, al recordar que las leyes que aprueban el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de turno «sólo debe contener disposiciones que tengan un carácter instrumental, esto es que tengan una relación de medio a fin para impulsar el cumplimiento del Plan, con las metas previstas en la parte general del mismo y, a su vez, estén dirigidas a materializar un fin de planeación».

En este caso, la Corte dijo que si bien era posible establecer una relación con el pacto estructural de equidad y sus objetivos, metas y estrategias, tal relación no era directa e inmediata.

«El Piso de Protección Social, allí incorporado, es una disposición del sistema de seguridad social de índole transversal que debería ser regulada mediante un procedimiento legislativo ordinario previsto en la Constitución, de tal manera que se garantizara el principio democrático. La norma demandada no corresponde a la función de planificación, que no busca impulsar el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y no constituye una autorización de recursos o apropiaciones para la ejecución de este», dijo la Corte.

No obstante, por la importancia del mecanismo, que busca incluir a población vulnerable de forma progresiva en un sistema que permita un sustento mínimo de cobertura en salud, pensiones y riesgos, la Corte dijo que tumbar la norma con efectos inmediatos generaría traumatismos y por eso dio el plazo de dos años para regular nuevamente el asunto.