Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Hasta la primera semana de junio de 2020, 96 % de las empresas colombianas tuvieron una caída en sus ventas.
82 % de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos.
Cepal propone extender los plazos de las medidas de apoyo a liquidez y al acceso al crédito.
En América Latina, más de 2.700.000 empresas formales se verían obligadas a cerrar por los efectos económicos del COVID-19, lo que equivaldría a perder 8,5 millones de empleos en los próximos 6 meses. Para el caso de Colombia, 140.000 empresas cerrarían sus puertas.
Las anteriores cifras fueron presentadas en el informe Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe –Cepal–.
De igual forma, por lo menos el 88 % de las empresas formales en América Latina son microempresas y 2.650.528 de estas tendrían que declararse insolventes.
Debido a que estas empresas son las que sufrirán el mayor impacto por los efectos económicos, cerca de 98.708 pequeñas empresas cerrarían. De esta cifra, 5.943 son medianas y apenas 406 son grandes.
Hasta la primera semana de junio de 2020, información recopilada por las cámaras de comercio indicaba que en Colombia el 96 % de las empresas tuvieron una caída en sus ventas (75 % registró una disminución superior al 50 %), y el 82 % de las empresas formales podrían subsistir solo entre uno y dos meses con sus propios recursos.
«Aunque la crisis afecta a todas las empresas, el impacto será mucho mayor en el caso de las microempresas y las pymes, por su peso en la estructura empresarial de la región, en que se traducirá en grandes cierres de empresas y pérdidas de puestos de trabajo», indica el informe.
El impacto será muy diferente según el sector y el tipo de empresa. Varios de los sectores fuertemente afectados, como el comercio, los hoteles y restaurantes, cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas, que serán las más afectadas.
Un millón y medio de empresas pertenecientes al sector del comercio al por mayor y menor cerrarían, siendo este sector económico el más afectado. Le siguen los sectores de hotelería y restaurantes; actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler; y actividades comunitarias, sociales y personales.
«Frente a este panorama se propone extender los plazos de las medidas de apoyo a liquidez y al acceso al crédito. De igual forma, que haya un cofinanciamiento de las nóminas salariales, y que desde los Gobiernos nacionales se brinde un apoyo a las empresas de todo tamaño», indica el informe.
Desde la entidad se indica que la crisis económica generada por el coronavirus llegó de forma intempestiva, cuando el sector empresarial de la región “ya tenía debilidades que se han originado a lo largo de décadas”. Con la llegada del COVID-19, las dificultades se agudizaron y el problema pasó de ser un asunto de baja productividad a ser insostenible.
En este contexto, la industria adquiere una importancia estratégica y un rol protagónico en el proceso de crecimiento y en el cambio de la matriz productiva. Para ello, indica la Cepal, se requieren políticas para modificar la estructura productiva, es decir, incentivos distintos de los que prevalecen actualmente para que las empresas privadas, junto con el Estado, realicen las inversiones necesarias para diversificar la estructura económica, garantizar un proceso continuo y estable de crecimiento y evitar retrocesos sociales y ambientales.
«La mayoría de los países se apoyaron en instituciones y bancos públicos para otorgar créditos de forma directa. Los bancos de desarrollo han tenido un papel relevante, entre ellos, Bancóldex en Colombia. La disposición de fondos públicos como garantía para los créditos ha sido una de las modalidades más extendidas», indica la Cepal.
Fundada en el año 2000 con la misión de “elevar el nivel profesional del Contador Público”
