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Raquel Bernal Salazar, miembro de la Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión, asegura que se estudiarán posibles reformas, ajustes y programas que le permitan ahorrar y gastar con eficiencia al Estado. De igual forma, se harán recomendaciones para ajustar el gasto público y así garantizar la estabilidad fiscal.
El lunes 6 de marzo, el presidente Juan Manuel Santos instaló la Comisión de Estudio del Gasto Público y de la Inversión integrada por 10 expertos de la academia, el sector público, financiero, macroeconómico y fiscal quienes, ad honorem, realizarán un estudio integral del gasto y de la inversión pública en Colombia.
Una de las personas que constituyen esta comisión es Raquel Bernal Salazar, profesora titular y directora del Centro de Estudios de Desarrollo Económico –CEDE– de la Facultad de Economía de la Universidad de Los Andes.
Al preguntarle sobre los objetivos que tendrá la comisión, Bernal Salazar recuerda que el país enfrentó una fuerte reducción de sus ingresos debido a la caída de los precios del petróleo a partir de 2014. «Esto ha implicado la necesidad de un ajuste tanto de ingreso como de gasto público. En particular, la regla fiscal que disciplina las finanzas públicas en Colombia requiere que el déficit baje de manera significativa en los próximos seis años».
Para ella, el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por el lado de los ingresos con la reforma tributaria aprobada el año pasado, así como un ajuste gradual de gastos sobre los dos últimos años con reducciones significativas en varios rubros del presupuesto. «Sin embargo, el cumplimiento de la regla fiscal aún requiere de importantes ajustes al gasto e inversión pública», recalca.
Doctora en Economía de la Universidad de Nueva York y economista de la Universidad de Los Andes, Bernal Salazar explica que la comisión estará a cargo de estudiar cuál es la manera más efectiva de lograr ese ajuste sin que sea demasiado costoso para el país.
«En particular, se van a estudiar las posibles reformas, ajustes, procesos administrativos, cambios de procedimientos y evaluación de programas que permitan lograr ahorros y mayor eficiencia del gasto y de esta manera, recomendarle al país cómo recomponer y ajustar el gasto público para garantizar la estabilidad fiscal», dice.
Al preguntarle sobre dónde se concentra el mayor gasto innecesario para el país, Bernal Salazar dice que hay maneras de hacer el gasto más eficiente. «Esa es la tarea de esta comisión, descifrar qué ajustes se requieren para gastar de manera más costo-eficiente. Algunos programas serían más efectivos si se focalizan mejor, se ajusta su diseño, se contrata mejor, se monitorean de manera apropiada y se establecen metas claras de evaluación de su efectividad».
Desde su punto de vista, es posible también evitar duplicaciones de gastos. Por ejemplo, un buen sistema de información que compile los datos de diferentes agencias del Estado que podrían estar atendiendo a las mismas poblaciones o invirtiendo en los mismos sectores. Mejores reglas de contratación, compras y gastos de administración del Estado, también podrían contribuir a lograr eficiencia en la manera cómo se gasta e invierte.
Precisamente, uno de los temas generadores de mayores gastos para el Estado es el de las pensiones, sobre el cual Leonardo Villar, presidente de Fedesarrollo y miembro también de esta comisión, opinó en la necesidad de trabajar en una reforma pensional.
Al respecto, Bernal Salazar dice que la posibilidad de una reforma pensional tiene unas complejidades políticas enormes, pero es una necesidad inminente para la estabilidad macroeconómica de Colombia. «Con una expectativa de vida que supera ya los 74 años para los hombres y es cercana a 79 años para las mujeres, es clara la necesidad de aumentar las edades de jubilación. La economía está perdiendo años aún muy productivos tanto de hombres como mujeres a un costo muy alto», explica.
La existencia de un sistema dual de pensiones con posibilidad de transición entre uno y otro, los altos subsidios en el sistema público que benefician principalmente a aquellas personas de mayores ingresos y unas reglas que no favorecen a las mujeres que se pensionan antes, pero viven más, son otros de los inconvenientes que hacen el sistema actual inviable.
«Las pensiones junto con las transferencias a entidades territoriales y otras transferencias constituyen rubros importantísimos del gasto público que han venido incrementándose sostenidamente desde comienzos de los noventas. Es importante comenzar a considerar una transición hacia un sistema que se adecúe a las realidades demográficas y fiscales del país», concluye Bernal Salazar.
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