Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Luis Álvaro Pardo, economista y miembro de Justicia Tributaria critica en entrevista con Actualícese el proyecto de la ley de financiamiento. Afirma que haber evaluado los beneficios tributarios con los que cuentan las empresas y fortalecer su fiscalización elevarían el recaudo.
Luis Álvaro Pardo Becerra, economista, especialista en derecho minero-energético y derecho constitucional, y miembro de Justicia Tributaria, afirma sobre la reducción del impuesto de renta, del 33 al 30 %, para las empresas de la mano del proyecto de Ley de financiamiento presentado por el Gobierno nacional, que ejercicios hechos con estadísticas de la Dian señalan que, si bien las tasas nominales del impuesto de renta son relativamente altas en Colombia, como consecuencia de las múltiples posibilidades de reducir la base gravable, las tasas efectivas de tributación son muy bajas.
«Las personas jurídicas gozan de un amplio portafolio de beneficios tributarios (deducciones, exenciones y descuentos tributarios), así como otros instrumentos, como los ingresos no constitutivos de renta y otras deducciones, que les permite reducir la base gravable y por esa vía los impuestos a cargo», dice Pardo Becerra.
Los beneficios tributarios o incentivos tributarios son instrumentos de la política económica, que los Gobiernos suelen emplear para estimular el desarrollo de un sector que puede traer múltiples beneficios a una economía, mayores exportaciones, y generación de riqueza y empleo. No obstante, dada la multitud de beneficios tributarios, unos 227 según la Dian, afirma Pardo Becerra, se prestan para incentivar la elusión y evasión de impuestos, como ha señalado la Cepal.
«La mayoría de estos beneficios yacen en el Estatuto Tributario por décadas, sin estudio de su costo/beneficio, y sin fechas de vigencia. La Dian, por otra parte, no tiene la capacidad de verificar el uso de estos, empresa por empresa. En suma, dados todos estos elementos, tenemos un hueco negro por donde se podrían estar escapando billones de pesos que hoy el fisco necesita con urgencia», asegura este economista.
Pardo opina que antes de haber pensado en esta ley de financiamiento o de reducirle los impuestos a las empresas, el Gobierno nacional y el Ministerio de Hacienda, específicamente, debieron haber evaluado nuevamente los beneficios tributarios y los conceptos que pueden ser incluidos en los ingresos no constitutivos de renta y otras deducciones, para así fortalecer la fiscalización a la hora de verificar el cumplimiento de las normas. «Estoy seguro de que ordenar este aspecto de la tributación elevaría el recaudo, y por esa vía no sería necesaria una nueva reforma tributaria o «ley de financiamiento» como la han llamado», puntualiza el economista miembro de Justicia Tributaria.
Uno de los puntos generadores de polémica en este proyecto de ley es el de reducir gradualmente la tarifa del IVA, desde el 19 % en el que está actualmente hasta el 17 % a partir de 2021, medida con la cual el Gobierno recogería cerca de 9 billones de pesos en el primer año. Para Pardo Becerra, los impuestos indirectos son considerados (en la doctrina y la práctica) impuestos regresivos, que en nada contribuyen a corregir uno de los problemas que más afecta a la sociedad: la desigualdad social.
«Colocar IVA a los bienes exentos de la canasta familiar significa que familias de escasos recursos deben privarse de alguna necesidad básica para comprar la carne, el arroz, la leche, y pagar el transporte, entre otros. Ahora, decir que les van a devolver el IVA es tan irreal como pedirles a los estratos 5 y 6 que no compren carne, leche o arroz, para que no se aprovechen de unos beneficios que son solo para familias pobres», critica Pardo Becerra.
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