Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Con la normatividad se espera que se termine el mecanismo de crear una entidad sin ánimo de lucro, sólo de papel, para negociar con el Estado a través de la contratación directa ajustando el supuesto fin de la fundación al contrato que se quiera obtener y aparentando tener una idoneidad inexistente.
Recientemente el presidente Juan Manuel Santos firmó el Decreto 92 del 23 de enero de 2017, el cual busca frenar los abusos en materia de contratación directa con las entidades sin ánimo de lucro.
Con esta reforma, “frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”, afirmó el presidente Santos.
El decreto reglamenta la forma como los gobiernos nacional, departamental, distrital y municipal contratan con entidades privadas sin ánimo de lucro y de reconocida idoneidad, para impulsar programas de interés público.
El documento establece los requisitos y el proceso que se deben cumplir para que las entidades estatales puedan contratar con entidades sin ánimo de lucro, así como los requisitos para que estas últimas sean consideradas como de “reconocida idoneidad”, de acuerdo con las pautas y criterios establecidos por la agencia Colombia Compra Eficiente.
También contempla las prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades en materia de contratación con estas entidades, entre otros aspectos.
El Decreto 092 modifica el Decreto 777, el cual a su vez contiene el régimen de contratación con las entidades sin ánimo de lucro.
De ahora en adelante se deberán tener en cuenta varios elementos:
Y lo que es peor, que al obtener el contrato, los dueños de estas fundaciones subcontratan la ejecución de los mismos, por eso se ejecuta con sobrecostos y sustentando en algunos casos ejecuciones contractuales que nunca ocurrieron y llegando incluso a la falsificación de soportes.
Para Santos, ese régimen especial, que estaba fuera de control, “era una herramienta predilecta de los corruptos para esquilmar al Estado”.
“Fundaciones creadas o manipuladas por personas corruptas eran y son usadas para contratar y robar los recursos públicos”, dijo y agregó que “también se usaban para financiar supuestas actividades de beneficencia, cuando en realidad era para otros fines”.
Añadió que también sirve para identificar y rastrear los recursos que se ejecutan a través de subcontratistas, “que muchas veces son los verdaderos dueños de los negocios, y usan estas fundaciones fantasmas para contratar”.
Con este decreto “frenamos en seco los abusos en la contratación directa con estas entidades sin ánimo de lucro, que han causado la pérdida y desviación de billones de pesos anuales que debían ir a la población, sobre todo a la más vulnerable”, puntualizó Santos.
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