Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Corte Constitucional tumbó el Decreto 797 de 2020, emitido durante el Estado de emergencia por la pandemia del COVID-19, el cual permitía la terminación unilateral de los contratos de arrendamiento comerciales.
El alto tribunal declaró inconstitucional el acto legislativo, con lo que pierden vigencia las medidas otorgadas a los locales que no estaban habilitados para abrir y se vieron afectados.
El decreto contemplaba la posibilidad de que los arrendatarios de establecimientos comerciales pudieran dar por terminado hasta el 31 de agosto de 2020 los contratos de arrendamiento. A cambio de esto, solo debían pagar el valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal estipulada en el contrato, o en caso de no existir tal condición, el monto equivalente a un cánon de arrendamiento.
La Corte aclaró que la decisión de declarar inconstitucional el decreto se debe a que no cumplía con el juicio de necesidad en el Estado de Emergencia, y tampoco superó el juicio de no contradicción.
El alto tribunal aclaró también que tanto el Código Civil, como el Código de Comercio, tienen diversos instrumentos para superar circunstancias imprevisibles en el desarrollo de la voluntad contractual.
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