Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
La Bancarización es un proceso económico de “inclusión social” al sistema financiero, es decir, es plantear políticas e incentivos para motivar/obligar a la gente a tener algún servicio financiero.
Los fines que se persiguen con ello son de diversa índole.
En Colombia, desde hace algunos años diversos entes han tratado de bancarizar a la gente del común utilizando varías estrategias, entre ellas la denominada “educación financiera” liderada por Asobancaria.
La educación financiera pretende darle a conocer al usuario cómo utilizar los servicios financieros de acuerdo a sus ingresos, gastos, presupuestos y metas personales.
Igualmente, el Estado ha tratado de poner su “cuota” incentivando a los usuarios a “incluirse” en el sistema financiero por el lado tributario. Es así como la Ley 1430 de 2010 crea el artículo 771-5 del E.T.
Este artículo dispone que a partir del 2014 solo sean deducibles en la declaración del impuesto de renta los costos y gastos pagados por los contribuyentes a través de los siguientes medios de pago:
Ello no quiere decir que los pagos hechos en efectivo no sean deducibles, pero a partir del 2014 se tendrán que aplicar de manera proporcionada según los topes que haya fijado el gobierno.
Aun así, los retos que se afrontan para bancarizar son arduos, puesto que se lucha con factores culturales, sociales y de acceso, ya que las entidades bancarias no llegan a todo el país y los costos de las operaciones financieras suelen ser variadas y más o menos altas según la población a la que nos refiramos.
En todo caso, tal y como lo resalta la corte constitucional, en su sentencia C-249 de 2013, la bancarización es un proceso que se debe implementar teniendo como referente el mediano y largo plazo.
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