Este proceso se deriva del desacuerdo entre arrendatario y arrendador sobre el precio del arrendamiento de local comercial, circunstancia que debe tenerse en cuenta, pues si se trata de vivienda urbana, la Ley 820 de 2003 determinó los topes máximos para la fijación e incremento del valor del canon.
Este proceso se deriva del desacuerdo entre arrendatario y arrendador sobre el precio del arrendamiento de local comercial, circunstancia que debe tenerse en cuenta, pues si se trata de vivienda urbana, la Ley 820 de 2003 determinó los topes máximos para la fijación e incremento del valor del canon.