Derecho de petición pone lupa sobre la Unidad Administrativa Especial JCC
El documento describe a través de ocho bases de argumentación y 35 peticiones, la forma en que se está viendo afectado el accionar de los contadores públicos.
El documento describe a través de ocho bases de argumentación y 35 peticiones, la forma en que se está viendo afectado el accionar de los contadores públicos.
Jaime Hernández, contador público, especialista en Revisoría Fiscal, con estudios en especialización de Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, reconocido líder de la profesión contable, envió un derecho de petición a José Orlando Ramírez, director de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores.
Este derecho de petición está enfocado en las funciones, facultades y competencia de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores y otras materias conexas.
«Sirven de fundamento de este documento, además de las razones legales que se exponen, la posible vulneración de derechos fundamentales de los contadores públicos y de las sociedades de contadores inscritas», indica el derecho de petición.
De igual forma, la posible coalición de competencias en materia de vigilancia del ejercicio profesional, particularmente en el campo disciplinario, así como otros asuntos atinentes al registro e inscripción de los contadores públicos y de las organizaciones que prestan servicios contables.
Los 8 puntos con los que se argumenta el derecho de petición son:
- Un itinerario que explica la naturaleza del JCC; qué, quién y cuáles son sus atribuciones y competencias.
- Interpretación y aplicación incorrecta de la normatividad vigente por parte de varios de los directores que han ocupado dicho cargo y de los funcionarios de la Unidad Administrativa.
- Carencia de legalidad de las visitas de la inspección ordenadas por los directores de la Unidad Administrativa Especial JCC.
- Inscripción y registro de contadores públicos, sociedades de contadores y personas jurídicas prestadoras de servicios contables, autorizados por comités, funcionarios y contratistas sin facultades y competencias para hacerlo.
- Cobro ilegal del valor de las tarjetas profesionales y de registro, así como las certificaciones correspondientes.
- Ejercicio ilegal de la profesión contable, obligaciones de l UAE para contener este flagelo.
- Expedición ilegal de reglamentos y procedimientos por parte del director de la Unidad Administrativa y de sus antecesores sobre asuntos disciplinarios del fuero exclusivo del Tribunal Disciplinario.
- Aplicación del Código de Ética Internacional en los procesos disciplinarios.
