Otto González Alonso fue uno de los precursores y líderes para que en Colombia se creara el Día del Contador. Recuerda que en la ciudad de Medellín, en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia, se dieron cita las asociaciones nacionales y regionales de contadores de la época, y en medio de una discusión, donde mientras algunos defendían los intereses de las firmas internacionales y otros exigían dignidad y respeto por los valores nacionales, comenzó esta fecha especial.
Otto González.
El Contador Público Otto González Alonso recuerda que en el año 1975 fue nombrado como presidente de la Academia Colombiana de Contadores Titulados, y en dicha condición participó en el debate donde se expusieron argumentos, que como un hecho histórico y político, proclamaron el 1 de marzo Día del Contador Público colombiano. Hoy, reconocemos la labor y entrega de este profesional contable quien dio el espaldarazo a esta celebración.
El desarrollo que desde 1960, con la Ley 145, tuvo la Contaduría Pública, como profesión liberal, generó conciencia principalmente en la comunidad académica sobre el modelo perverso que habían ya impuesto en el mundo los grandes capitales financieros que se reflejaba en un mercado copado por las grandes multinacionales, a nivel económico y por las que, en ese tiempo, eran llamadas “Las Ocho Grandes”, a nivel del contable. Ese mismo fenómeno mundial era patente en Colombia y atentaba contra el libre ejercicio profesional y la autonomía del país.
Como respuesta a esa situación de sometimiento un grupo de Contadores Públicos y de Asociaciones Profesionales, propuso un Plan Mínimo de Acción en defensa de los intereses de la Nación colombiana que buscaba principalmente la consolidación de un gremio contable nacional.
La creación del Día del Contador Público Colombiano -en ese entonces solo se celebraba un día del Contador de las Américas en mayo- no fue fruto de un acto preconcebido, pero sí el resultado del movimiento propiciado por la divulgación del Plan Mínimo de Acción. En efecto se había convocado una reunión en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia en Medellín para el 1° de marzo de 1975, con asistencia, prácticamente, de todas las asociaciones nacionales y regionales de contadores de la época.
Una vez iniciada, se presentó un enfrentamiento entre líderes nacionalistas y algunos representantes que defendían los intereses de las firmas internacionales a quienes los demás asistentes les reclamaban una actitud de dignidad y respeto por los valores nacionales. Ante su negativa a participar en la consolidación de un movimiento de defensa del país, de la Contaduría y de los Contadores colombianos, se les tachó de traidores y cobardes y se les exigió retirarse del recinto, lo cual hicieron en medio de abucheos, siendo recibidos, al salir, por estudiantes enardecidos que habían seguido el desarrollo del evento y rechazaban su actitud.
Días atrás, según comenta Jack Araujo, él había conversado con Eliécer Maya, sobre la creación de un Día del Contador Público colombiano. No sé si porque conocía este antecedente o por iniciativa propia, Diego Delgadillo propuso el retiro de los defensores de las firmas internacionales y establecer ese 1° de marzo como el Día de nuestra profesión. Se presentó un debate muy colombiano, con diferentes voces que se oponían a esa fecha por razones baladíes, como que era tiempo de cierres contables, asambleas generales, declaraciones de impuestos, etc.
En ese momento tomé la palabra, en representación de la Academia Colombiana de Contadores Titulados, que me había nombrado el día inmediatamente anterior como su Presidente para preguntar: ¿Qué importancia tiene para los colombianos el 20 de julio, el 7 de agosto o el 11 de noviembre? ¿Qué importancia tiene para E.E.U.U el 4 de julio o para Francia el 14 de julio? Lo anterior, para sustentar que la fecha estaba ya definida: ese día era el 1° de marzo. Era un hecho histórico y político, no era la escogencia de una celebración social. Así, la asamblea zanjó la discusión y aprobó que a partir de ese momento trascendental se siguiera celebrando el Día del Contador Público colombiano, todos los primeros de marzo, como ha venido ocurriendo.
Lamentablemente, cada vez, se celebra más como un acto social que como el recuerdo y el compromiso de una lucha permanente por la dignidad nacional y el libre ejercicio de una noble profesión que reúne a más de 250.000 colombianos, y a la que aspiran cerca de 300.000 estudiantes que Colombia necesita proteger, a la vez que exigirles para que velen por la preservación y desarrollo de las riquezas de país, como en algún documento del llamado “Grupo 5” se propuso, con preparación, justicia social, solidaridad, lealtad y ética, amor y respeto por la dignidad humana y contra la corrupción, sometimiento de las instituciones, afán del dinero fácil, y ese relativismo, capitalismo, falta de identidad y compromiso, insolidaridad, y el consumismo impuesto por los medios masivos de comunicación.
Debo recordar a Danilo Ariza Buenaventura, quien debió asistir aquel 1° de marzo de 1975 y no yo. Su desprendimiento, lealtad y sentido de la institucionalidad, me permitieron viajar a Medellín con su tiquete aéreo pues no se conseguían cupos para ese día. De alguna manera siempre sentí que los reconocimientos recibidos por haber participado de aquel grito de independencia, los recibo con humildad, en su nombre.
En la profesión ocurre lo mismo que en Colombia: todo pasa y nada pasa. Eso creo que es lo negativo. Finalmente, en pro de insertarnos en el mundo globalizado, aceptamos las exigencias de los financieros del mundo que incrementan las desigualdades, se enriquecen salvajemente a costa de la pobreza absoluta de la gran mayoría, llevan al mundo al vaivén de los mercados, imponen modelos que aparentan ser universales y solo sirven a sus intereses particulares. Generan las crisis y solo ellos se benefician de las soluciones y todos callados. Pero ante todo, la Contabilidad y la Contaduría, muriéndose en silencio.
Sumado a la pasividad de la profesión frente a los grandes problemas nacionales, dentro de lo negativo se destaca la adopción casi literal de las normas internacionales sin el más mínimo respeto por consideraciones políticas, económicas, culturales, sociales, etc., que deberían ser motivo de preocupación y análisis, antes de adoptarlas. La incapacidad de la profesión para hacer comprender a la sociedad, a los líderes del país y a sus representantes, su importancia como motor de desarrollo y control de la riqueza económica, social, cultural, etc. de los colombianos.
En cuanto a los hechos positivos, el desarrollo de la investigación contable, la consolidación de escuelas prestigiosas, la apertura de universidades reconocidas hacia las facultades o programas de Contaduría, la Ley 43 de 1990, la consolidación de la Contaduría General de la Nación, aunque sueño con su plena independencia, entre los más importantes.
Insisto, creo que nuestro principal problema es que no hemos sabido ir al ritmo de los cambios, o mejor, los cambios nos cambian y nosotros no participamos en ellos ni los generamos. No deberíamos limitarnos a celebrar el Cuadragésimo aniversario del Día del Contador Público Colombiano, sino comprometernos a que fuera el primer día de un trabajo, arduo y denodado por consolidar una profesión verdaderamente libre que promueva los cambios que Colombia y el mundo necesitan para acabar con la pobreza, la desigualdad y la falta de justicia social.
Invito a mis colegas no a celebrar sino a comprometerse, o mejor celebrar comprometiéndose con su profesión, y con la lucha que aún tienen pendiente. Con respeto y humildad invoco su comprensión y pido a Dios que ilumine sus mentes y el camino que han de recorrer para que algún día reciban la gratitud y el reconocimiento que estos mayores que los precedieron, reciben hoy de ustedes.
Insisto, su desarrollo académico e investigativo. En lo práctico, la creación de la Contaduría General de la Nación, La Ley 43 de 1990, y así algunos critiquen su expansión, considero un logro importante el número de escuelas y facultades de Contaduría Pública. Alfonso Borrero Cabal S.J. (Q.E.P.D.), decía que un país con apenas un 4% -en ese momento- de su población con educación superior, no podía darse el lujo de limitar la aparición de nuevos programas y universidades.