Gracias al más reciente escándalo que se presentó con Interbolsa, el tema de los paraísos fiscales volvió a salir a la luz pública. El Premium Capital Appreciation Fund en Curazao junto a otros fondos en Bahamas, Delaware y Panamá, paraísos fiscales reconocidos, fueron usados por Interbolsa en la adquisición de las acciones de Fabricado y otros negocios todavía no identificados, con capitales colombianos, de manera poco convencional.
Como lo publicó semana.com en aras de la claridad, el capítulo InterBolsa se sintetiza en tres temas y una conclusión: el primero, las millonarias operaciones con acciones de Fabricato que llevaron a la firma al descalabro; el segundo, las operaciones que los propios accionistas hicieron con acciones de InterBolsa, y el tercero, las relaciones de la holding con el Fondo Premium Capital Appreciation Fund constituido en Curazao. La conclusión es que esta historia podría poner en tela de juicio el papel de los reguladores y supervisores del mercado de capitales.
Después de leer los dos párrafos anteriores se puede concluir que en Colombia se siguen manejando negocios y se esconden fuertes sumas de dinero en paraísos fiscales. La situación aconseja, como lo expresa el columnista Guillermo Maya en El Tiempo, «que el Gobierno nacional asuma, dentro de sus limitaciones naturales, la responsabilidad de controlar los efectos de los paraísos fiscales sobre nuestra economía, no solo tributarios, sino también de estabilidad financiera».
Por otra parte, funcionarios de la DIAN estuvieron inspeccionando la semana pasada las oficinas de Interbolsa para determinar una posible evasión tributaria a través de transacciones en los paraísos fiscales.
El director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, manifestó a los medios que por instrucción del Ministro de Hacienda, su despacho adelanta “una evaluación de cómo se hicieron (en Interbolsa) manejos de recursos a través de sociedades en Bahamas y Curazao. Se busca establecer los ingresos reales de Interbolsa porque la DIAN considera que hay unas cifras muy importantes de ingresos que constituyen renta gravable en Colombia y deben declarar su patrimonio sin importan el país donde estén situados”.
En el Artículo 22, Parágrafo 2 dice que «las personas naturales nacionales que tengan residencia fiscal en paraísos fiscales continuarán siendo consideradas como residentes en Colombia para todos los efectos tributarios». Sin embargo, hasta que el Gobierno no defina qué países son considerados paraísos fiscales, no pasará absolutamente nada.
La lista negra de esos países ya lleva dos años en la Cancillería. ¿Cuál será el interés que tiene el Gobierno de no ponerle un sello a ese listado? Mala cosa.
Como lo afirma Maya, «el Gobierno colombiano no solo tiene miedo de molestar a sus vecinos en el Caribe, todas las islas que fueron colonias o protectorados británicos y que son plataforma de las finanzas y la banca de la City de Londres, y en Centroamérica, empezando por Panamá, sino que también les teme a los intereses creados entre la elite económica y política colombiana que ha impedido cualquier avance en la materia».
Pero este no es un tema de ahora. Encontramos la investigación Los Paraísos Fiscales y la Reforma Tributaria, de marzo de 2008, donde el abogado y especialista en derecho tributario, Ciro Meza Martínez. En ella, explica que la Ley 788 de 2003 no especifica cuáles son las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales sino que delega su determinación al Gobierno y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, entidad de la cual Colombia no hace parte.
Las grandes cantidades monetarias que quedan almacenadas en paraísos fiscales son gestionadas por tres actores principales: corporaciones multinacionales, bancos y grandes patrimonios. De la primera se puede decir que no todas aportan información sobre los impuestos pagados en todos los países en los que actúan, ni sobre los beneficios que han recibido por operar en ellos, lo cual dificulta el seguimiento de sus obligaciones fiscales.
Respecto a los grandes patrimonios, en muchas ocasiones buscan ocultar su identidad a través de paraísos fiscales, valiéndose del secreto bancario y de la ineficacia en el intercambio de información entre países, pero también de las muchas facilidades que tienen para constituir sociedades y otras figuras jurídicas sin demasiadas exigencias de identificación.
Las entidades financieras, por su parte, pretenden reducir su factura fiscal y, al mismo tiempo, escapar a los estrictos controles a los que suelen estar sometidos por parte de los bancos centrales de sus países de origen. También pretenden esquivar las normas estatales a las que están normalmente sujetos para controlar e impedir excesivas exposiciones a prácticas de riesgo.