«Eliminar los subsidios a pensionados de altos ingresos reduciría notablemente la deuda pensional»


4 noviembre, 2019
Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.

Desde el punto de vista de Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo, el sistema pensional actual se caracteriza por tener una baja cobertura, un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso y una carga fiscal significativa para el Gobierno nacional.

Para Leonardo Villar, exdirector de Fedesarrollo, actualmente el sistema pensional opera en una lógica de competencia entre el régimen de prima media –RPM– y el régimen de ahorro individual –RAIS–, situación que debe cambiar.

“La diferencia entre los requisitos y beneficios de uno y otro han generado la posibilidad obtener pensiones que no corresponden a las contribuciones hechas, y esto genera una presión fiscal insostenible”, afirma.

Villar explica que la rivalidad entre los dos regímenes se da por la regulación actual. Actualmente, el RPM y el RAIS buscan cubrir la misma población (trabajadores formales con ingresos superiores a un salario mínimo y altas densidades de cotización), pero la regulación genera los incentivos para cotizar en un régimen y, faltando 10 años para la edad de pensión, cambiarse e incrementar la cotización, con lo cual se puede obtener una pensión más alta que no corresponde a las cotizaciones hechas durante todo el período laboral, sino el promedio de los últimos 10 años de trabajo.

“el sistema actual se caracteriza por tener una baja cobertura, un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso y una carga fiscal significativa para el Gobierno nacional”

Desde su punto de vista, el sistema actual se caracteriza por tener una baja cobertura, un impacto regresivo sobre la distribución del ingreso y una carga fiscal significativa para el Gobierno nacional. En este contexto, resulta necesario hacer ajustes a los parámetros del sistema.

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“El cambio más importante es el de la edad de pensión, la cual se ha ajustado solo dos años en las dos últimas décadas, mientras que la expectativa de vida de la población se ha incrementado en seis años para las mujeres y en ocho para hombres”, dice.

Adicionalmente, la tasa de cotización debería también variar para que primero se alivie la presión fiscal en el RPM, y segundo, se mejorarían las tasas de reemplazo de los cotizantes al sistema de capitalización individual.

Villar resalta la propuesta del sistema multipilar pensada en una reforma pensional. En el largo plazo la propuesta implica eliminar los subsidios a los pensionados de altos ingresos, lo que haría que se redujera notablemente la deuda pensional actual. Por otra parte, en el corto y mediano plazo (30 – 40 años), y dada la actual composición de los ingresos de la población trabajadora en Colombia, donde el 84 % cotiza menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes –smmlv–, el nuevo sistema de pilares tendría un impacto positivo sobre el balance del sistema público en el corto y mediano plazo.

«Como el Estado financia anualmente el déficit del sistema pensional, esta mejora del balance tiene un impacto directo e inmediato sobre el déficit fiscal del Gobierno nacional central que estimamos en alrededor de 0,6 % del PIB anual», explica el documento de Fedesarrollo.

Sobre los puntos de vista que se han tenido sobre el marchitamiento del RPM, desde el punto de vista de Villar no es necesario. “El régimen público se puede mantener exclusivamente para operar lo que se ha denominado el pilar básico, que equivale a garantizar pensiones de un salario mínimo”, opina.

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De esta manera, se busca resolver uno de los principales problemas del sistema actual, que son los altos subsidios que entrega Colpensiones a las pensiones relativamente altas.

Villar afirma que para adelantar una reforma pensional se necesita una voluntad política para hacerlo, junto con la capacidad política de aprobarla.

“A pesar de lo impopular del asunto, la discusión abierta y sincera en torno al ajuste estructural de sistema actual resulta imperativa para corregir las falencias creadas luego de la Ley 100 de 1993”, dice.

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