Este artículo fue publicado hace más de un año, por lo que es importante prestar atención a la vigencia de sus referencias normativas.
Aunque desde el 2013 en Colombia se le puso un tope máximo -de 25 salarios mínimos- a las megapensiones que se pagan con recursos públicos, los intentos por revivirlas persisten.
El ahorro por ponerle freno a esas mesadas onerosas causan un hueco en las finanzas públicas, ya muestra un efecto positivo. La medida empezó en julio de 2013, luego de que la Corte emitiera la sentencia 258, que limitó el pago de pensiones que tenían que ser subsidiadas con los dineros que aportan los colombianos a través de los impuestos.
Según el Ministerio de Hacienda, en el 2012 eran 1.160 pensiones de este tipo, con asignaciones mensuales de 35,7 salarios mínimos, en promedio; es decir, 10,7 salarios mínimos más allá de lo dispuesto por la Constitución Política. Con la sentencia, entre el 2013 y marzo del 2019, el ahorro por haber recortado el pago mensual, de hasta 25 salarios mínimos, ha sido de 800.000 millones de pesos (precios del 2019).
Solo en el 2018, se evitó el pago de 140.472 millones de pesos, lo que, según cálculos del ministerio alcanza para subsidiar un año a 160.300 personas del programa Colombia Mayor.
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